El órgano rector de las Cortes de Aragón ha calificado en su reunión telemática de este jueves tres nuevas propuestas de preguntas ciudadanas, que agrupan más de trescientas iniciativas presentadas a través de la página web de la institución, relativas al salario y la seguridad social del personal que trabaja en comedores escolares, la falta de EPI para el personal en las oficinas de farmacia y la necesidad de realizar test para detectar a los pacientes asintomáticos que continúan trabajando de forma presencial.
En los próximos días, y en función de las especiales circunstancias que afectan al procedimiento, la Mesa ordenará el traslado de estas iniciativas a los distintos grupos parlamentarios, que dispondrán de un plazo de quince días para asumirlas como propias y comunicar al órgano rector su voluntad de formularla como pregunta para respuesta oral o escrita. En el caso de que ningún diputado asuma las propuestas, estas se considerarán decaídas, tal y como indica la norma reglamentaria.
Estas tres propuestas forman parte de un bloque de ciento cinco documentos que han sido calificados por la Mesa, entre los que también destacan las veinticinco proposiciones no de ley procedentes de todos los grupos parlamentarios de la oposición. Desde el PP han visto tramitadas nueve iniciativas sobre cuestiones como la elaboración de “un plan propio para la reindustrialización urgente de la provincia de Teruel”, el impulso de medidas para “el mantenimiento del empleo en Aragón” o “la condonación del Impuesto de Sucesiones que corresponda a los herederos de las personas fallecidas durante la crisis del coronavirus”.
Por su parte, las nueve iniciativas de impulso de Ciudadanos se refieren a asuntos como “la creación de una campaña en apoyo del sector turístico en Aragón”, el “apoyo tutorial y de orientación del alumnado ante los efectos psicológicos derivados de la crisis del Covid-19” o la “necesidad de concretar como se va a realizar la evaluación de los estudiantes durante el último trimestre de curso”.
Desde Vox, se han calificado cuatro proposiciones no de ley sobre el “pasaporte sanitario para personas inmunizadas de Covid-19”, las “medidas para paliar el impacto de los daños por fauna cinegética en los cultivos agrícolas” o la contratación de “temporeros en este sector”. Por último, por parte de IU, se han tramitado dos iniciativas acerca de “la reanudación del programa de atención temprana” y “la consideración de esencialidad de los huertos para autoconsumo”.
La resolución de la Mesa contempla la admisión a trámite, además, de la solicitud de comparecencia ante el Pleno, a petición del Grupo Parlamentario Popular, de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, para informar sobre “los trabajos desarrollados para la elaboración de la futura ley de emergencias”, y de las comparecencias ante Comisión, a petición propia, de los titulares de Ciencia y Vertebración del Territorio, Maru Díaz y José Luis Soro, para tratar las últimas actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de sus competencias en relación al coronavirus.
Asimismo, entre las veintitrés solicitudes de comparecencia de directores generales y otros altos cargos del Gobierno a las que ha dado salida la alta instancia parlamentaria, destaca la solicitud de comparecencia de la directora general de Justicia, a propuesta del G. P. Popular, al objeto de informar sobre el procedimiento de contabilidad e inscripción en los registros civiles de los fallecimientos producidos en Aragón desde el 1 de marzo, así como la de la directora general de Interior y Protección Civil para abordar la labor de coordinación que se ha llevado a cabo en su Dirección General a raíz de la pandemia.
En última instancia, la Mesa ha tramitado tres interpelaciones, once preguntas para respuesta oral y escrita, y treinta y seis solicitudes de información y documentación, de PP, Ciudadanos y Vox, acerca de estrategias y políticas generales del Gobierno de Aragón para abordar la crisis sanitaria del coronavirus, la contratación de temporeros para la campaña de recolección de fruta y las consecuencias que la pandemia puede tener sobre la industria aragonesa.
