El grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón no apoyaría la Ley de Simplificación Administrativa en su estado actual. Así lo ha anunciado su portavoz, Álvaro Sanz, que ha desgranado los defectos que la formación ha detectado en este documento. Sanz ha insistido en que el enfoque no es el correcto para ayudar a conseguir los objetivos pretendidos y que, en la búsqueda de regular mejor, “se corre el riesgo de desregular”, por lo que ha pedido una “revisión profunda” del concepto de simplificación.
“Tras analizar la ley, consideramos que ni el enfoque que se le da a la simplificación ni el contenido que desarrolla van a conseguir lo que se persigue”, ha asegurado Sanz, lamentando que esta perspectiva “incida en culpabilizar a los mecanismos de control previo, llegando a decir incluso que están basados en la desconfianza o tintados ideológicamente”. “Pedíamos más agilidad, cercanía y transversalidad, tanto en temas económicos como sociales, pero la ley no va a dar respuesta a estas cuestiones”, ha completado, señalando además que este proyecto “reforma hasta catorce leyes y se está abordando sin información previa”.
La formación ha presentado sus principales reivindicaciones, que se trasladarán al Ejecutivo en forma de enmiendas. Una de ellas gira en torno a la generalización del concepto de declaración responsable, que para IU “no garantiza el incremento efectivo de los mecanismos de control y podría llegar a ser un coladero cuyos daños serían irrecuperables”. “Tampoco creemos en el silencio positivo, habría que concretar los casos porque lo que deberíamos garantizar es que no haya silencio administrativo, y eso exige más medios y más personal para dar garantías a la ciudadanía”, ha apuntado.
Asimismo, Sanz ha lamentado la ausencia de “una apuesta clara por el refuerzo del personal público” ya que, ha dicho, “abre la puerta a la privatización”. “Si la Administración fuera ágil y funcionase bien, no serían necesarias entidades de certificación externas”, ha criticado. Esto se une a la petición de revisar el régimen de sanciones contemplado en la ley, que puede llegar a ser “muy laxo”. “Si estamos reconociendo que tenemos problemas, no podemos ser capaces de inspeccionar potenciales infracciones con los mismos medios”, ha observado.
El “enfoque economicista” que se le da a la norma, según la formación, es otro de los puntos conflictivos. “Habla poco de superar los problemas de acceso a derechos fundamentales por parte de los colectivos vulnerables”, ha considerado Sanz, manifestando que se deberían “generar mecanismos perdurables que abordasen problemas vitales”, como la vivienda, la salud o la educación. “También nos preocupa la digitalización como medio exclusivo, dada la gran brecha digital que hay en la Comunidad”, ha añadido.
“En definitiva, IU comparte la necesidad de simplificar la Administración, pero no así. Si se necesita más agilidad para gestionar los fondos europeos, abordemos ese debate, pero no cambiemos hasta catorce normas sin el debate previo oportuno porque un error podría llevarnos a fracasar y a males mayores a largo plazo”, ha finalizado.
