El grupo parlamentario Vox en Aragón reclama medidas para mitigar la interinidad. Para ello, la formación plantea la revisión de la Ley de la Función Pública con objeto de adoptar medidas legislativas para ajustar la Ley de la Función Pública a la Directiva Europea.
Vox propone la posible retirada de los procesos selectivos, convocados sobre plazas ocupadas por empleados públicos en situación de abuso de temporalidad y realizar unas convocatorias específicas.
Vox en Aragón pide, asimismo, instar al Gobierno de España la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y permitir a las Administraciones Públicas realizar procesos específicos para todos los empleados públicos que hayan prestado servicios en situación de abuso de temporalidad o como estatutario temporal de los servicios de salud, o como funcionario interino.
Y todo ello mediante unas pruebas selectivas que respeten los criterios de mérito y capacidad entre los que se valorarán los servicios efectivos prestados y se garantice el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
La Función Pública
Tal y como señala Vox en la exposición de motivos de su proposición, las funciones desempeñadas por los empleados públicos han sido históricamente realizadas en desiguales condiciones dentro de las Administraciones Públicas en todos sus ámbitos: local, autonómico y estatal.
La primera de esas desigualdades afecta a su régimen de contratación y la segunda a la duración de su relación laboral, pese a que el servicio público prestado no difiere entre trabajadores, sus condiciones laborales son taxativamente diferentes.
Actualmente, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los empleados públicos temporales (interinos y laborales temporales) igualan o incluso superan holgadamente a los empleados públicos fijos (funcionarios de carrera o laborales fijos).
Además, muchos de estos empleados públicos han ocupado puestos de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años, por medio de sucesivos contratos o nombramientos, y han desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones.
La Administración Pública ha mostrado incapacidad para reclutar con la agilidad necesaria a candidatos para su contratación o nombramiento con carácter fijo y ello ha conducido a incumplimientos reiterados, tanto del Estatuto Básico del Empleado Público como de la legislación de la Unión y, más en concreto, de la Directiva sobre el Trabajo de Duración Determinada.
De hecho, la cláusula 1 de dicho Acuerdo Marco tiene por objeto, por un lado, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otro, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos, o relaciones laborales de duración determinada.
Vox recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en recientes sentencias, consolida los derechos del personal temporal de larga duración en nuestro país y su derecho a la estabilidad en el empleo.
