Descontrol en las cuentas de cinco ayuntamientos aragoneses

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha comparecido en las Cortes este lunes
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Los ayuntamientos de Castelnou (Teruel), La Vilueña (Zaragoza), Munébrega (Zaragoza), Valle de Hecho (Huesca) y Valle de Bardají (Huesca) han presentado numerosas irregularidades e incumplimientos legales en sus cuentas del ejercicio 2018. Infracciones “muy graves” para la Cámara de Cuentas que van desde la falta de documentación hasta la falta de control de presupuestos, pasando por alcaldes subiéndose el sueldo por encima de los establecido o cientos de euros gastados en botellas de vino.

La falta de transparencia en estos ayuntamientos se suma al problema que tienen en “ejercer correctamente las funciones de control interno”, ha señalado el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, este lunes durante la presentación de los informes. El foco está puesto en los secretarios interventores de dichos organismos, ya que son ellos a quienes corresponden las funciones de asesoramiento legal y las de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación. Los informes dejan claro que también hay carencia de personal de apoyo o auxiliar que pudiera ayudar a los secretarios a realizar esas labores, tal y como ha apuntado Peña.

El presidente del órgano auditor ha explicado que, tras analizar la situación económico-financiera y de determinadas áreas de riesgo, las principales dificultades de estas entidades locales son “la falta de control interno y de medios para hacer una gestión pública de manera correcta”. A su vez, Peña ha destacado que el pasado mes de julio la Cámara de Cuentas formalizó un convenio con los tres colegios de interventores y tesoreros y con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias para mejorar la rendición de cuentas de las entidades locales.

Posteriormente, ha intervenido consejera de la Cámara de Cuentas de Aragón, Rosa Montolío, quien ha explicado que en la fiscalización de estas entidades no han seguido el mismo procedimiento que con otras, puesto que “hemos intentado incluir las recomendaciones después de cada área para que fuera más pedagógico para los ayuntamientos”. Montolío también ha incidido en “la falta de control interno en todos los municipios” y en la importancia de la figura del secretario interventor.

Para el diputado socialista Óscar Galeano, los informes de estos cinco ayuntamientos “no suponen una radiografía del conjunto de municipios y entidades locales aragonesas” y ha destacado que “no podemos ser ajenos a que hay una falta de formación y un problema de temporalidad”. Por parte del Partido Popular, Ana Cristina Sainz ha centrado su intervención en el informe del Ayuntamiento de Castelnou, en el que “la opacidad es total y absoluta”, ha añadido. La popular no ha olvidado que “el 94% de las entidades aragonesas rindieron sus cuentas en 2019” y que estas instituciones son “las que han estado al lado de los ciudadanos en este tiempo de pandemia”.

Para José Luis Saz (Cs), las entidades locales son “muy importantes en una administración multinivel como la que tiene España” y, por ello, una de las misiones de la Cámara de Cuentas “es revelar la realidad de estas administraciones locales”. Además, Saz ha resaltado que la función del secretario interventor “es el control interno” y que los fondos públicos “deben ser gestionados de una forma escrupulosa”.

A su vez, Marta Prades (Podemos) ha puesto de manifiesto que “la cobertura de plazas de secretario es deficitaria” y ha solicitado dar apoyo a los municipios para que “puedan cumplir con la legalidad establecida”. Para Carmen Martínez (Chunta), la gestión de los fondos públicos “tiene que ser clara y transparente”, a la vez que ha reconocido “la falta de secretarios y el problema que existe para cubrir estas plazas”.

Marta Fernández (Vox) ha puesto el foco en conocer si estos municipios “tienen los medios suficientes o si han solicitado apoyo”, para lo que ha pedido desarrollar “una normativa específica para los municipios para que puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones”. Y a juicio de Álvaro Sanz (IU), los informes arrojan “una fotografía preocupante con respecto a los cumplimientos de legalidad por parte de las instituciones locales”, añadiendo que “hace falta el fortalecimiento de la gobernanza local”.