El nuevo decreto que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (Pacimv) no termina de agradar a la oposición en el Parlamento autonómico. Este martes, Vox ya adelantó haber presentado una proposición de ley con el objetivo de modificar ciertas líneas para proporcionar mayor “seguridad jurídica”. Y durante este miércoles ha sido el turno del Partido Popular, que ha asegurado el registro de una PNL en el mismo sentido, solicitando la incorporación del término “legal” al de residencia. “Es obligación del Ejecutivo aclarar que los perceptores de esta prestación deben ser residentes legales y efectivos en Aragón y España”, ha manifestado la portavoz de Ciudadanía del PP en las Cortes, Marian Orós.
Para los populares, desde la aprobación “a contrarreloj” de la ley el pasado mes de mayo, se ha generado “incertidumbre, alarma social y ficción de expectativas”. Y es que, según Orós, la Pacimv debe ir destinada a “familias españolas e inmigrantes con residencia legal, no solo efectiva, tal y como se prometió en el desarrollo reglamentario de esta legislación”. Además, la diputada ha calificado el decreto de “chapuza de la DGA”, considerando que tuvo que tramitarse de manera acelerada para poder asistir a aquellos beneficiarios que se iban a quedar sin recibir ayudas.
Mejoras en el tintero
“Las prisas siempre son malas consejeras”, ha remarcado Orós, al tiempo que ha incidido en que “quedaron varias mejoras en el tintero”. Por este motivo, cree que las personas y familias que necesitan esta prestación tienen que contar con “garantía total” a la hora de conocer los requisitos de una forma “clara, rápida y efectiva”. “Es todo demasiado ambiguo, rebuscado y farragoso. Genera muchas dudas y complejidad para el beneficiario”, ha expresado.
Por estas razones, y para “evitar bloqueos o dilataciones en la gestión”, el PP pretende llevar a cabo una modificación que, a su parecer, debería estar puesta en marcha hace año y medio teniendo en cuenta que se ha vivido una de las “mayores” crisis sociales de los últimos tiempos. “Ya es una tónica habitual que el trabajo del Gobierno de Lambán provoque ruido y confusión”, ha insistido la portavoz en materia ciudadana.
En última instancia, Orós ha recordado que, a pesar de que Aragón ha presentado más de 39.000 solicitudes relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital, “solo 8.000 unidades familiares han podido acceder a él”. Y en lo relativo a la Pacimv, ha criticado que el decreto “todavía no está puesto en marcha”. “Desde el PP seguiremos trabajando para que ambas ayudas sean más agiles y lleguen a las personas que más lo necesiten”, ha concluido.
