Junto a la presencialidad tradicional que requieren las pujas se pone en marcha también una forma telemática

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, conjuntamente con la Sección Sindical de CCOO DGA, informan de unas demandas que ha impulsado el sindicato en la Comunidad sobre el reconocimiento del derecho de antigüedad para el personal fijo-discontinuo. Se trata de personal que desarrolla sus funciones en los servicios de comedores escolares en centros públicos. En este sentido, la Diputación General de Aragón ha sido condenada en los Juzgados de lo Social de Huesca y Teruel con sentencias firmes, habiéndose ganado todas las denuncias interpuestas.

Desde octubre de 2020, las Secciones Sindicales de CCOO personal laboral habían informado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, responsable de este colectivo, de su derecho al reconocimiento a efectos de trienios de los periodos inactivos a los que están obligados, por unas condiciones de contratación completamente precarias e injustas.

“Pero como ocurre muy a menudo, el Gobierno de Aragón ha hecho oídos sordos, forzando a judicializar un asunto completamente pacificado”, puesto que este reconocimiento viene impuesto a través del Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2019. Este considera “discriminatorio” el trato al personal con actividad fija discontinua, respecto a la contabilidad del tiempo de trabajo a efectos de antigüedad y retribución, y trasladado a la jurisprudencia a través de la sentencia del Tribunal Supremo 4219/2019, que reconoce el derecho de antigüedad del personal fijo discontinuo por el tiempo de la relación laboral y con la máxima amplitud posible.

El colectivo de comedores escolares, que comprende a las categorías profesionales de Oficiales 1ª Cocineros, Oficiales 2ª Ayudantes de Cocina y algún Personal Especializado en Servicios Domésticos, fundamentalmente compuesto por mujeres, lleva desde 2017 luchando para poder dignificar sus condiciones de trabajo, puesto que es un colectivo con una gran responsabilidad: nutrir a los niños y niñas en edad de crecimiento. Y lo hacen desde su vocación, porque “están soportando unas enormes cargas de trabajo, asumiendo funciones de categorías superiores e inferiores, dada la infradotación de sus plantillas, sin ratios, sin profesionales para sustituciones, siendo además forzados a disfrutar de sus vacaciones y días de libre disposición dentro del calendario escolar, sin poder elegir, estando sometidos a relaciones contractuales precarias, como es la de fijo-discontinuo”.

Estas reivindicaciones se dieron a conocer el pasado 17 de abril de 2018 en comparecencia ante el Gobierno de Aragón, y a pesar de que todos los grupos políticos, incluso los del gobierno, “nos trasladaron su total apoyo para dignificar la situación de este colectivo, apostando por la gestión directa y las cocinas in situ en los centros públicos, hoy podemos decir que han faltado a su palabra”. En especial, hacen hincapié en las figuras de Felipe Faci y Estela Ferrer, máximos responsables del Departamento de Educación y con quienes se estuvieron reuniendo desde marzo de 2017 hasta febrero de 2020.

“Por fin se ha hecho un poco de justicia, a través de estas sentencias que reconocen a este colectivo que su antigüedad debe ser tenida en cuenta desde que empezaron su relación contractual, y no solo durante el tiempo de actividad”, concluyen, añadiendo que confían en que este hecho genere una nueva reflexión por parte del Gobierno autonómico y retome su obligación de dignificar al colectivo.

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