El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera que la primera propuesta enviada por el Ministerio de Hacienda es “positiva” y “alentadora”, ya que hay “entidades muy prestigiosas” que ven que Aragón y Extremadura son las más beneficiadas en este modelo, destacando que “atiende” una de las principales reivindicaciones de su Ejecutivo: “que los cálculos de financiación se hagan atendiendo a los costes reales de prestación de servicios por persona”, ha afirmado antes de comenzar la reunión con el resto de fuerzas políticas.
Así, Lambán defiende que es “fundamental” llevar a Madrid un “acuerdo unánime” entre todo el arco parlamentario de la Comunidad, ya que, a su juicio, todavía quedan tres cuestiones que no agradan a Aragón: fijar una cantidad de recursos que Moncloa ponga sobre la mesa y que sea suficiente para “cubrir las necesidades presupuestarias” de las autonomías; establecer la “corresponsabilidad” fiscal entre las comunidades y el Estado; y marcar la “lealtad institucional” para que el Gobierno central no adopte medidas sin la opinión de cada Ejecutivo regional.
La DGA ya hizo llegar a los grupos parlamentarios el documento que el Gobierno de España remitió a las comunidades el 3 de diciembre para poner en marcha el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, pese a que solo aborda, desde un punto de vista técnico, los criterios que deben conformar la variable de población ajustada. Se trata del indicador que rige en el modelo vigente el cálculo de las necesidades vinculadas a los servicios fundamentales de la sociedad del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales.
Consenso generalizado en las Cortes
La sesión de trabajo que han celebrado este lunes las Cortes ha partido del consenso generalizado en la necesidad de actualizar un sistema de financiación que ya debía haber sido revisado en el año 2014 y sobre el que el Parlamento mantuvo un papel activo desde el punto de vista técnico y político en 2017 y 2018.
El primer documento que el Gobierno de España ha remitido a las autonomías como base para poner en marcha el debate avanza en la metodología para definir una parte de los costes del gasto, estableciendo baremos sobre el cálculo de la población ajustada. Así, otorga un mayor peso al gasto sanitario en la población ajustada, que lo estudia a través de 20 tramos de edad, frente a los siete vigentes en la actualidad. De esta manera, las variables vinculadas al gasto sanitario supondrían un peso del 40-45% de total frente al 38% del modelo vigente.
También plantea el refuerzo de la ponderación del gasto en educación en el cálculo de la variable de población ajustada. En este caso, los indicadores seleccionados serían la población hasta los 17 años y la educación superior, que se introduce como novedad, valorada por la población existente entre los 18 y 24 años. Los dos indicadores están corregidos respectivamente por los alumnos de FP superior y por los alumnos universitarios desplazados de otras comunidades. El peso vinculado a estas variables de gasto se situaría entre el 25 y el 30% del total, frente al 20,5% actual. Mientras que el peso interno en lo referente a la educación superior oscilaría entre el 20-25%.
En lo que respecta a los servicios sociales, se avanza en distinguir el sobre-envejecimiento, introduciendo tramos de 65 a 79 años y de más de 80 años, ponderándolos en función del número de dependientes. También se incluye la variable de parados sin prestación. El peso de este bloque se situaría entre el 6% y el 10% del total frente al 8,5% actual.
Por tanto, las variables vinculadas a los servicios esenciales llegarían a representar entre el 71% y el 85% del peso total. Mientras, la variable vinculada a la población que se aplica al resto de servicios representaría entre el 18% y el 22%, y las variables correctoras entre el 3% y el 4% de la población ajustada.
De la misma manera, este primer documento es sensible a peticiones permanentes de Aragón, como la introducción de variables tales como la superficie o la dispersión. También se plantea atender a criterios que compensen los costes fijos y a los indicadores que tengan que ver con el reto demográfico. Todo ello con el propósito de incorporar en el cálculo de la población ajustada variables correctivas no poblacionales.
Las demandas de Aragón
En lo referente a Aragón, se entiende que es un buen punto de partida que la propuesta de reparto descarte el criterio de población per cápita en favor de la población ajustada, con variables de corrección que se ajustan de manera más precisa a la realidad de la configuración del gasto las comunidades. En este sentido, se comparte la decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de incluir en los cálculos variables geográficas y demográficas, como la superficie, la dispersión, la densidad de población, el peso de las zonas rurales, entre otras.
No obstante, el Gobierno aragonés insiste en que no es “un documento global ni determinante por cuanto no se aborda la suficiencia, la nivelación, la autonomía tributaria, la corresponsabilidad o a lealtad institucional, que son manifestaciones de peso en el resultado final del modelo de financiación”.
Estatuto, expertos y acuerdos institucionales
Desde Aragón, se pretende avanzar en este debate con respeto a lo que señala el Estatuto de Autonomía (que alude a la necesidad de disponer de una financiación suficiente para ejercer las competencias y ofrecer servicios públicos de calidad) a los criterios del Dictamen de mayo de 2018 de las Cortes, y a los acuerdos institucionales conjuntos, suscritos con los gobiernos de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla La Mancha y Castilla León en Zaragoza (2018) y en Santiago de Compostela (noviembre 2021), en este caso con la participación además de Cantabria y Extremadura.
A partir de ahora, la posición de Aragón, que deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Función Pública antes de que termine el mes de enero, quiere contar también con la perspectiva de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales.