La Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes ha acogido este martes la denuncia de los fabricantes aragoneses de mascarillas, que han reclamado al Gobierno de Aragón que la adquisición de estos productos se haga con criterios de sostenibilidad, calidad y valor añadido, en vez de fijarse “únicamente en el precio”, como se está haciendo a la hora de comprar mascarillas en el mercado asiático.
En representación de los cuatro fabricantes en Aragón (Cothala, Dima, European Mask Factory y ARPA), la consejera delegada de esta última, Clara Arpa, ha señalado que el sector ha intentado paliar la falta de mascarillas con diferentes alternativas, “suministrando productos de calidad para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su labor de una forma segura”. Arpa ha indicado que el Gobierno de España puso en marcha ayudas y subvenciones “para cubrir esta necesidad estratégica y que se ha demostrado muy vulnerable durante la pandemia”.
Arpa ha dicho que cualquier producto hecho en Aragón está fabricando “de forma más fiable” que cualquier otro traído de mercados exteriores a la Unión Europea, “donde nos consta que la falta de controles de calidad y la falsificación de certificados son hechos factibles”. “No es lo mismo fabricar en Europa que en Asia”, ha matizado Arpa, “porque aquí nos preocupan los derechos laborales o el coste medioambiental”.
La consejera delegada de ARPA ha mostrado su preocupación porque “ante el ingente esfuerzo hecho, sigamos adquiriendo las mascarillas por precio, sin tener en cuenta las penurias pasadas en los meses pasados”, motivo por el que ha pedido “que se nos tenga en cuenta como industria estratégica aragonesa”, ya que “somos capaces de devolver ese mayor precio en forma de empleos, inversiones, cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF o IVA”. Además, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo con el sector público, empresarial, sindical y un grupo de expertos de la Universidad de Zaragoza “para alinear intereses realistas y buscar posibles soluciones”.
El profesor José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y experto en contratación pública, ha señalado que es importante que la contratación pública tenga una función estratégica y que las directivas europeas “no utilizan el criterio del precio como referencia, sino que apuestan por el criterio de valor”. Gimeno ha señalado que “no se trata de comprar más caro, sino de ajustar las condiciones técnicas para que el mercado funcione correctamente, y donde las empresas de países extranjeros que no cumplen los estándares europeos no puedan participar”.
Desde el PSOE, su portavoz Sergio Ortiz ha recordado las dificultades del sector aragonés para conseguir las certificaciones de sus productos y ha reconocido que “no ha sido un camino fácil”. Ha expuesto que “es verdad que en productos en los que hay muchos proveedores, "el precio resulta determinante”, y ha pedido arbitrar medidas desde la UE para que hagan posible competir los productos europeos en las contrataciones públicas porque “no juegan con las mismas cartas”.
Por parte del PP, el diputado José Antonio Lagüéns ha lamentado que en la administración aragonesa se ha producido “un despropósito”, por el “desamparo y abandono” del tejido productivo nacional, y ha destacado que “el precio no puede ser el único criterio de adjudicación en un contrato público destinado a servicios esenciales”.
Desde Ciudadanos, la diputada Elisa Sacacia ha comentado que “da rabia pensar cómo se hacen las cosas” porque lo que podría ser una inversión para Aragón “se ha convertido en un gasto rápido y atropellado”, y ha demandado “evolucionar a criterios de licitación que vayan más allá del precio”. En representación de Podemos, Vanesa Carbonell ha afirmado que “no hay mejor subvención para las empresas aragonesas que adquirir sus productos”. En este sentido, ha señalado que desde los socios del Gobierno se impulsará una proposición no de ley para incluir “criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica en las licitaciones de la administración”.
Isabel Lasobras, desde el grupo parlamentario de CHA, ha afirmado que la administración pública “debe contribuir al fortalecimiento del tejido productivo aragonés”, indicando que desde el Gobierno de Aragón se ha recuperado disponer de una producción esencial propia, con el impulso del sector industrial farmacéutico. En representación de Vox, su portavoz Santiago Morón ha señalado que la denuncia “demuestra la ineficacia en la gestión y la mala utilización de los fondos públicos” por parte de los gobiernos de España y de Aragón, y ha pedido apostar por la soberanía industrial y el apoyo al emprendimiento.
Esther Peirat, del PAR, ha remarcado que “se está generando un problema para la industria estratégica y para los aragoneses” y que “varias empresas están parando ya su producción de mascarillas por la bajada de la demanda” con unas condiciones de contratación “que no les ayudan”. Por último, desde IU, el diputado Álvaro Sanz ha compartido el enfoque de los comparecientes porque “se trata de tener voluntad política”, ya que “estamos ante una dependencia que nos ha hecho frágiles y ha costado vidas”.
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