El consejero Olona y el diputado Darío Villagrasa charlan en el pleno de las Cortes
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha abierto la sesión plenaria en el debate sobre el decreto de ayudas a los afectados por el incendio de Ateca

Un total de 86 agricultores y ganaderos han presentado la solicitud de ayudas para reparar los daños causados por el incendio de Ateca del pasado mes de julio. Así lo ha detallado el consejero del ramo, Joaquín Olona, durante su intervención en el Pleno de las Cortes para convalidar el decreto de medidas urgentes para restaurar estas afecciones, que ha salido aprobado con los votos a favor del cuatripartito, Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida y la abstención del PP.

En su explicación, Olona ha remarcado el carácter “excepcional” de este decreto por la dimensión y características del incendio, que hizo necesario “atender a la evacuación de numerosos núcleos de población” y que ha provocado el “riesgo real” de la continuidad de algunas explotaciones. Este método permite agilizar los plazos y que sean los propios destinatarios de la subvención quienes entreguen una declaración de daños. “No requiere de proceso de aprobación especifico, sino que la declaración responsable conlleva, con comprobaciones administrativas, el pago”, ha afirmado el consejero.

El tope de estas ayudas es de 20.000 euros, según recoge la normativa comunitaria de la Unión Europea, y no supone una compensación por la pérdida de cosechas ni para sustituir plantaciones. “No pretende indemnizar daños, sino concentrarse en los daños graves, aquel que pone en riesgo la continuidad de la explotación. Por eso se concentra en los cultivos leñosos y en el ovino y la ganadería extensiva”, ha señalado Olona, explicando que la actual Ley de Montes exige la limitación del pastoreo durante varios años en la zona afectada.

El Partido Popular ha sido la única formación que no ha votado a favor del decreto al considerar que las ayudas son “claramente insuficientes” para que los profesionales tengan certidumbre en su futuro. “Creo que sería más riguroso que antes de hacer un decreto escuchasen a quienes pretenden ayudar. Parece que lo hacen para salir del paso, y no es útil para quien pretenden ayudar”, ha remarcado el diputado Ramón Celma.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Agricultura, Ramiro Domínguez, ha asegurado que se trata de un “buen decreto” en aspectos generales, aunque con “algunos peros”, confiando en que la declaración responsable permita que esos 86 profesionales puedan recibir las ayudas “en un plazo razonable” ya que supone “media vida” para una zona “tremendamente afectada por la población”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Santiago Morón, ha denunciado “con contundencia” que la “mayoría de incendios” tienen detrás la “acción humana”, “frente a quienes señalan que el cambio climático está detrás del aumento de fuegos”, así como el “abandono de los bosques” que achaca a las políticas de “gobiernos progresistas”.

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha votado a favor del decreto, pero poniendo sobre la mesa algunas “dudas” para futuras medidas similares, como que se exija el arranque de los árboles antes de tres meses o que los costes se puedan elevar en algunos módulos. “Otorga la potestad al Gobierno para priorizar ayudas. Si hubiéramos tenido la Ley de Agricultura Familiar aprobada estaría más concreto. Deja una indefinición tan importante que nos preocupa”, ha cuestionado.

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