La primera ronda de reuniones entre los grupos políticos y el Gobierno de Aragón ha concluido con la voluntad, por parte del Ejecutivo, de “reformular” la parte autonómica del IRPF. Así lo ha señalado este viernes el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón. Se hará, eso sí, de manera proporcional “con rebajas (y subidas) igualitarias” y sin optar por deflactar el impuesto, como defiende el Partido Popular.
“Lo que nunca será es que a un ciudadano que gana 200.000 euros se le rebaje tres veces más que a uno de 20.000, exactamente lo que plantean”, ha explicado el consejero, en respuesta al PP. El acuerdo para una reforma impositiva, no obstante, tiene varios frentes abiertos y uno de ellos es todavía el del cuatripartito, donde partidos como PAR y Podemos o CHA habían mostrado posiciones distintas en materia fiscal.
Por ello, dentro del seno del Gobierno se han mantenido encuentros paralelos a los del resto de formaciones. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que este particular puzle de impuestos no afecte al techo de gasto ni a los cálculos para los presupuestos de 2023, en los que también se está trabajando.
EL PP VE ASUMIBLE SU PROPUESTA Y PÉREZ ANADÓN DESMIENTE LOS DATOS
Los populares, con la portavoz, Mar Vaquero, y la responsable de Hacienda, Carmen Susín, se han personado en la sede del departamento para la última reunión. La medida que contemplan, hecha pública hace varias semanas, consiste en la rebaja de un punto de cuatro tramos del impuesto, deflactar hasta los 60.000 euros el mínimo personal y familiar, así como el conjunto del tributo.
Tras citarse con el consejero y conocer los datos de recaudación, Vaquero ha cifrado en 140 millones la merma de su propuesta. Es la cantidad que dejaría de percibir la DGA en impuestos, según el PP “asumible”, y que se cubriría con el colchón del exceso de recaudación. Se amparan en que en agosto el incremento era "de 127 millones", el techo no financiero aumentaría un 10% y la liquidación del año traería otros 800 millones a las arcas autonómicas.
Con apenas minutos de diferencia, Pérez Anadón lo ha negado y rebaja esta cantidad. “En torno a 70 millones”, ha estimado, y “no tiene que ver”, a su juicio, con la inflación, sino con los impuestos autonómicos, caso de las sucesiones y las transmisiones patrimoniales. Además, esos 800 millones proceden de las “entregas a cuenta” y lo que crece el presupuesto, ha recordado, “es un 1,1% por el IVA de 2017”.
