Arreglar el “pésimo, malo y lamentable” estado de las carreteras aragonesas le supondrá al Gobierno de Aragón un desembolso de 125 millones de euros anuales durante 25 años, superando ampliamente los 3.000 millones. Así lo recoge el Plan Extraordinario que ha diseñado el Ejecutivo autonómico para corregir este déficit que arrastra la Comunidad durante décadas, con el objetivo de que las obras puedan comenzar en 2024 en los once trazados que aparecen en los pliegos.
Para llevarlo a cabo, el cuatripartito se ha lanzado a los brazos de la colaboración público-privada, de forma que las empresas asumirán la inversión inicial de 630 millones de euros, redactarán los proyectos, ejecutarán las obras, y se encargarán de su explotación, conservación y la vialidad invernal durante los 25 años de contrato. “Con cargo al presupuesto ordinario, aunque incrementara muchísimo, no tendríamos capacidad de gestión. Y con cargo a contratos de obra y servicios, no podríamos recuperar décadas de falta de inversión”, ha remarcado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.
Según los plazos que maneja el Ejecutivo, los once contratos saldrán a licitación en diciembre o, como tarde, enero, para dedicar todo el 2023 al proceso de adjudicación, firma de contratos y redactar los proyectos de ejecución. Así, las obras comenzarían ya en 2024 y durarían unos 30 meses. “Después de 40 años de autogobierno y con este problema de financiación, que las obras empiecen a finales de 2023 o ya en 2024 no es importante”, ha señalado Soro.
ONCE TRAZADOS
En concreto, el Departamento ha dibujado once trazados para actuar en 1.700 kilómetros de carreteras convencionales, lo que sería prácticamente una tercera parte de toda la red viaria aragonesa y que soporta el 60% del tráfico. Uno de los tramos de especial dedicación es la duplicación de la A-127 entre Tauste y Ejea, que obliga a abonar una inversión inicial de 80 millones de euros cuando la media del resto de itinerarios es de 40.
En concreto, los once tramos son los que discurren por el Bajo Aragón; Zaragoza Oeste (Calatayud, Cariñena, Borja y La Almunia); Zaragoza Central (Belchite, Fuentes, La Muela); Huesca-Monegros; Jacetania-Alto Gállego; Sobrarbe-Ribagorza; Cinca-Litera; Zaragoza Norte (Zuera y Ejea); Teruel Este-Oeste; Teruel Norte-Sur; y Cinco Villas-Ribera Alta.
Además, al destinar todo ese montante a la red principal, el Ejecutivo podrá reservar los recursos que ahora invertía en estos kilómetros al resto de la vía, que todavía se encuentra en un estado más deficiente. “Liberamos recursos propios del Presupuesto para el resto de la red. Esto nos permitiría intervenir en carreteras que, con cargo al Presupuesto ordinario, jamás les llegaría el turno”, ha explicado el consejero del ramo.
OBLIGARÁ A HACER REAJUSTES SI NO HAY INYECCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
El Gobierno aragonés ha explicado los detalles de este Plan en una jornada organizada por la Asociación Española de la Carretera, donde el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que solo la colaboración público-privada y el sistema concesional permitirá atajar el “problema” del estado de las carreteras. “Tenemos una red viaria de 5.600 kilómetros y es obvio que el estado de gran parte es pésimo, malo y lamentable”, ha afirmado.
Pero ello, ha añadido Lambán, supondrá también una “fuerte carga” sobre las finanzas autonómicas que obligará a realizar “reajustes serios” si no hay cambios en la financiación desde el Gobierno de España. “Con el actual sistema, las comunidades están encaminadas a la asfixia. Hasta ahora lo hemos solventado para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero el margen se va estrechando. Llegará un momento donde no habrá recursos ni para los servicios públicos y quedaremos abocadas al colapso”, ha advertido el presidente aragonés, que ha recordado que este plan ya fue diseñado en 2011 por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias y que “pasó al olvido más absoluto” con el cambio de gobierno y la llegada de Luisa Fernanda Rudi al Pignatelli.
UN SERVICIO PÚBLICO “ESENCIAL”
Un modelo de colaboración público-privada que también han defendido desde la Asociación Española de la Carretera, cuyo presidente, Juan Francisco Lazcano, ha valorado el “paso adelante pionero y valiente” que ha dado el Gobierno para resolver este problema. “Con este sistema, las comunidades adelantan los beneficios sociales de tener carreteras en buen estado y se reparte el coste de la inversión durante el ciclo de vida del proyecto”, ha resaltado.
A su vez, el presidente de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, Luis Gamón, cree que este método, pese a suponer un esfuerzo económico para las empresas, permite “una salida para trabajar durante años” y “vivir de una manera más cómoda, y no a salto de mata como hasta ahora”.