Los Presupuestos de Aragón para 2023 entran en una nueva fase antes de su aprobación. Este martes ha concluido el plazo de presentación de enmiendas, unas propuestas que, sobre todo en el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han estado centradas en las bajadas de impuestos. Por su parte, Izquierda Unida ha apostado por reforzar el modelo de servicios públicos y su viabilidad ecológica. En total, la suma alcanza las 857, por valor aproximado de 510 millones de euros.
Desde el PP, la portavoz de Hacienda, Carmen Susín, se ha remitido a su propuesta previa para deflactar el IRPF. Es una de sus 263 enmiendas, el grupo que más ha aportado, y que contemplan modificaciones por valor de 129 millones. Además del impuesto de la renta, reclaman bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99% y elevar el mínimo exento en el de Patrimonio.
La merma de ingresos sería de 140 millones en el caso del IRPF, según los populares, y de 240 en Sucesiones. No obstante, alegan que la DGA ha incrementado sus fondos y que estas bajadas, “aunque la izquierda lo niegue, dinamizan la economía”. Otra de las demandas pasa por el pago de los 200 euros a las familias en enero y no en el plazo de seis meses que se marcó el Ejecutivo.
Por departamentos, han incidido en la Sanidad “para paliar la falta de personal” y evitar el cierre de consultorios y Puntos de Atención Continuada (PAC). En relación con la formación de facultativos, han pedido poner en marcha el grado completo de Medicina en Huesca, así como acelerar las infraestructuras con los hospitales de Alcañiz y Teruel.
CS NO DESCARTA VOTAR A FAVOR
Ciudadanos, que votó a favor del techo de gasto y se abstuvo en el debate a la totalidad, no descarta ahora ponerse del lado del Gobierno en la votación del 29 de diciembre. Eso sí, hay matices. Su portavoz, Daniel Pérez Calvo, ha condicionado ese apoyo a que se apruebe una bajada de impuestos o no caigan en saco roto sus propuestas sanitarias.
“No es el momento de subir impuestos, hay margen”, tienen claro en Cs, y por ello reclaman una menor carga en la compra o alquiler de viviendas y compensar los gastos a quienes tengan hijos menores de seis años. En definitiva, se trata, ha reiterado, de “ejecutar el presupuesto” y no dejar partidas a medias. “Se podrían aceptar y de ese debate dependerá nuestro sentido de voto”, ha concluido, pese a mostrarse “escéptico porque el Gobierno tiene los apoyos cerrados”.
La formación ha presentado menos enmiendas que en otras ocasiones, con 158 y 60 millones, pero argumentan que son de mayor “calidad”. Destacan los cuatro millones de ayuda a las familias, tres para un plan de Atención Primaria, la reforma de paritorios y urgencias en el Hospital Materno Infantil y, cambiando de tercio, otro destinado a la promoción de la ganadería extensiva.
VOX PIDE ELIMINAR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Dentro de la reducción de lo que consideran “gasto superfluo”, Vox ha reclamado eliminar la dirección general de Política Lingüística de la DGA y destinar una parte a la “Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán”. La diputada, Marta Fernández, ha anunciado 226 enmiendas con un montante económico de 262 millones. En el ámbito fiscal, sus previsiones apuntan a un ahorro de 250.
Esta cantidad sería la resultante de aplicar el 99% de bonificación a los impuestos de Sucesiones y Patrimonio y la rebaja de la tarifa de Actos Jurídicos y Documentados en un punto, del 1,5% al 0,5%. Además, proponen bonificar al 100% la cuota de vivienda habitual en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
En Sanidad, destacan 21,3 millones para personal, de modo que se pueda contratar para reducir las listas de espera quirúrgicas. Una de las partidas más cuantiosas es de 9,3 millones y se encuentra en Agricultura. Se busca, señalan desde Vox, asegurar el “relevo generacional” de la profesión. En el mismo área, quieren minimizar los efectos de las riadas con un plan preventivo de limpieza. Finalmente, Industria se lleva otros 69 millones para “mejorar la productividad en las pequeñas y medianas empresas”.
IU INSISTE EN EL GASTO SOCIAL
Por su parte, Izquierda Unida ha propuesto 210 enmiendas por un montante que ronda los 60 millones. El presupuesto más alto de la historia, asegura el portavoz, Álvaro Sanz, debe tener un carácter social. Así lo muestran sus propuestas al articulado, “de forma que los beneficios tributarios a las rentas bajas se compensen con la recaudación de rentas y patrimonios más altos e impuestos ambientales”.
En el departamento de Sanidad, “están enfocadas a una visión integral y preventiva de la salud”, en busca de impulsar un nuevo modelo. En materia social, pretenden incrementar la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital hasta los 600 euros y las ayudas a la pobreza energética a 450. “Si no hay voluntad para considerar estas enmiendas IU no votará a favor”, ha declarado Sanz.
A partir de este jueves, 15 de diciembre, se abre el plazo de Ponencia, en el que se estudiarán y debatirán las propuestas hasta el día 23. El 29, se llevará al Pleno el texto definitivo.