Los socialistas altoaragoneses consideran beneficiosa la actualización de la norma

El PSOE Alto Aragón se ha desmarcado de Javier Lambán defendiendo la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. A diferencia de la enmienda original presentada por ERC, señalan, castiga el desvío presupuestario irregular, creando una figura que lo penaliza con hasta 4 años de cárcel. “Desde esta federación siempre hemos defendido que esta reforma no podría implicar ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política, y que el Código Penal debía recoger y sancionar todo uso irregular y arbitrario de fondos públicos”, asegura el secretario general de la Federación Altoaragonesa del PSOE, Fernando Sabés.

“Pese a la oposición mayoritaria de todos los grupos políticos, incluso del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular siguió adelante con ella, utilizando, como siempre hacen, los tribunales para resolver un problema político”, ha añadido, sobre la actual regulación, “que nació en 2015 sin consenso.

Sabés considera lógico que “aún siendo en ambos caso delito, quienes se han apropiado de manera irregular de dinero público, ya sea para beneficio propio o del partido político del que forma parte, tengan condenas más duras que aquellos que deciden utilizarlo para partidas presupuestarias diferentes a las que se destinó inicialmente ese dinero”. Y es algo, puntualiza, que recoge la reforma impulsada por el PSOE, que a su juicio “no se hace para beneficiar a una persona, o para reducir condenas a corruptos”.

Para la secretaria de Organización altoaragonesa, Elisa Sancho, “de nuevo los socialistas combaten el alarmismo con hechos”. “Tras lo ocurrido en Cataluña con el procés, el peso de la ley debe caer sobre todos los culpables. La reforma no deja impunes a ninguno de los enjuiciados por el 1-O y la desviación de fondos públicos para el referendum ilegal será castigada”, ha subrayado.

A «AÑOS LUZ» DE 2017

Sancho tiene claro también que “no hay ninguna duda de que la relación entre Cataluña y el Estado está a años luz de 2017”, cuando se llevó a cabo un referendum ilegal, y de 2014, “cuando también con Rajoy al frente del ejecutivo central se realizó una consulta popular sobre la independencia”.

Desde el PSOE oscense valoran que “se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos y se crea el enriquecimiento ilícito, para quienes no puedan explicar un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por valor igual o superior a 250.000 euros”. “Frente a quienes dificultan investigaciones y utilizan la justicia para solucionar situaciones que podrían solventarse por la vía del diálogo y la negociación, esta reforma coloca a España a la vanguardia en la lucha contra la corrupción”, ha concluido Sancho.

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