Dos personas en una residencia de mayores
El PP ha exigido también al Gobierno reunirse con las entidades que gestionan las residencias | Foto: Laura Trives

Lo que vende Lambán está muy alejado de la realidad de las familias aragonesas. Hay más recaudación y peor gestión”. Son las críticas del Partido Popular aragonés hacia el Ejecutivo, y en concreto al presidente, Javier Lambán, en materia de dependencia. La portavoz popular en las Cortes, Marian Orós, les ha acusado también de “intentar mantenerse y vender un Aragón que no existe”.

En torno a 37.000 personas reciben una prestación por dependencia, ha señalado Orós, por lo que a su juicio es “un buen momento para hacer balance”. Un repaso en el que ha mencionado una reducción del gasto de tres millones por parte de la DGA (5,6%), al mismo tiempo que incrementa la contribución del Gobierno central hasta los más de once. Pese a ello, asegura la diputada, se siguen dando situaciones como las listas de espera o los “servicios de baja calidad”.

Así pues, en torno a 6.000 personas se ven afectadas por estas demoras, de acuerdo a los datos del Ministerio y el propio Gobierno de Aragón, y de agosto a noviembre de este año han crecido en 1.000. Del mismo modo, ha continuado Orós, “están tardando 304 días” en completar la revisión de los grados de dependencia, cuando la ley establece hacerlo en 180.

Atendiendo a otros servicios, los populares han lamentado también que la Comunidad cuente con 25 horas de atención domiciliaria al mes, por 34 de media en España, y que el gasto por persona también es inferior al promedio nacional, situándose en los 5.750 euros.

PRESUPUESTOS

De cara a los Presupuestos de 2023, que salvo sorpresa saldrán adelante en la votación del 29 de diciembre, la próxima semana, el PP considera que se han “troceado” las partidas para no mostrar el global. Otra crítica es que a su parecer “no se están ofertando nuevas plazas” y para el próximo año “se van a reducir, así como las cuantías”.

En este sentido, han exigido al Gobierno que “no recorte su aportación a la dependencia”, un refuerzo del personal “para reducir los tiempos, mejorar las cuantías” y estar en contacto con las entidades que gestionan las residencias. Por ahí pasa su última queja, ya que el precio por plaza en las privadas ronda “los 57 euros, pero en las públicas supera los 100”.

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