Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza acabarán en los tribunales por los suelos de la calle Embarcadero. En una mañana de declaraciones cruzadas, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha anunciado un recurso para exigir el cumplimiento de los acuerdos de la bilateral, entre los que figura este proyecto para la construcción de vivienda joven.
Acto seguido, el titular de Urbanismo del consistorio, Víctor Serrano, ha respondido calificando la decisión como “un ataque sin precedentes”. Serrano ha explicado que estaban negociando el intercambio de los suelos de la calle Embarcadero, en Casablanca, por otros en los terrenos de la antigua fábrica de Alumalsa. La permuta venía motivada por las demandas de la junta del distrito, partidaria de conservar un aparcamiento en ese punto. Su presidenta es la concejal de Vox, Carmen Rouco, quien además le ha instado a “seguir defendiendo los intereses de los vecinos”
La bomba judicial ha desencadenado la ruptura. El Gobierno acusa al Ayuntamiento de paralizar “sin causa” el plan Embarcadero, algo que rechazan. Y es que, argumentan, si se ha dado esa supuesta paralización es porque se está negociando el cambio de terrenos. “A tres meses de las elecciones”, ha lamentado, “es una pena que el PSOE utilice una institución para atacar al Ayuntamiento de Zaragoza.
CAMBIO DE ACTITUD
“Las cosas fueron bien hasta que el alcalde asumió la responsabilidad de querer ser presidente de Aragón”, ha protestado Serrano, sobre lo que considera uno de los puntos en los que se torció la negociación. Mientras, desde la DGA lamentan que “cada día que se pierde es uno más que los jóvenes no tienen independencia”.
“Tan firme es la propuesta para ir al tribunal contencioso administrativo”, subraya Anadón, como pedir a Azcón “que recupere la senda del consenso y el diálogo”. “Es una prueba más de cómo utiliza el Ayuntamiento para sus intereses. Nos parece incluso más grave, si cabe, que se escude en las legítimas aspiraciones de los vecinos”, ha criticado.
Este viernes, Víctor Serrano, acompañado de la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, ha urgido también a la DGA a firmar antes del 31 de enero un convenio que permitirá la creación de 487 viviendas para jóvenes. El visto bueno del Ejecutivo autonómico es necesario, señalan, para acceder a los fondos europeos con los que se financiarían.
“No hemos tenido noticias y estamos extremadamente preocupados”, subraya Serrano, a lo que Andreu ha añadido que ya están en condiciones de llevar el proyecto al pleno para su adjudicar la licitación.
