Exterior del edificio Pignatelli
Mayte Pérez asegura que el de Zaragoza es el único Ayuntamiento que no ha cumplido este trámite | Foto: Laura Trives

Nuevo choque entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. La DGA emprenderá acciones legales contra el consistorio por no informarle sobre ocho expedientes de contratos relativos a proyectos en la ciudad, “que incluyen contratos de servicios, obras, suministros y una subvención”. Según la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, “es un trámite ordinario” que solo el gobierno zaragozano no ha cumplido. Es más, ha dicho, “no hay ningún otro Ayuntamiento” en toda la Comunidad “que no remita la información”.

En la lista de esos incumplimientos, se encuentran “el control y calidad de los servicios de mantenimiento, eficiencia energética y actividades de conservación de los equipos municipales” y los contratos de Servicios de aceleración Tecnológica del CIEM Zaragoza; y Conservación y Mantenimiento de parques y zonas verdes de los sectores I y II.

También, “las obras de conservación de los colegios públicos mediante declaración de emergencia (1.062.779 euros) del 12 de julio de 2019”, así como “la contratación de emergencia del suministro de fundas para chalecos multiagresión para la Policía Local (135.280 euros)”. A lo que hay que sumar una subvención para la instalación de los toldos en la calle Delicias. El último requerimiento sin respuesta, señalan, se refiere “a una licencia de demolición de quioscos en el paseo de San Sebastián” del parque José Antonio Labordeta.

No tenemos más remedio que buscar el amparo judicial”, ha lamentado Mayte Pérez, que no entiende “por qué no envían” esta documentación de acuerdo al artículo 145 de la Ley de Administración Local de Aragón.

SIN FECHA PARA LA BILATERAL

La responsable de Presidencia no ha respondido a si el fuego cruzado entre DGA y Ayuntamiento de las últimas semanas pone en peligro la celebración de una nueva bilateral. Eso sí, reitera que, en cualquier caso, debe convocarse desde la plaza del Pilar.

Uno de los episodios de mayor tensión se ha vivido con la judicialización del plan Embarcadero. “Lo que estamos haciendo es una revisión de los acuerdos de la bilateral. Uno de los acuerdos (Embarcadero), el Ayuntamiento lo ha incumplido de manera unilateral. No nos deja otro camino”, ha declarado al respecto, sobre lo que considera una “falta al respeto”.

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