La última Ejecutiva ya estuvo rodeada de un fuerte clima de tensión

Los 18 díscolos del PAR han forzado a Arturo Aliaga a convocar una Ejecutiva extraordinaria tras negarse a reunirles, tal y como se acordó el pasado jueves. En el orden del día estará la apertura del proceso de Primarias para elegir al candidato al Gobierno de Aragón, la constitución de la Comisión Organizadora y la restitución de Alberto Izquierdo como vicepresidente de la Diputación de Teruel, así como el blindaje del resto de cargos, de modo que sea este órgano el encargado de decidir los nombramientos y los ceses.

De este modo, Aliaga dispone ahora de siete días para convocar a la Ejecutiva, según marcan los Estatutos del partido. En un primer momento, desde este sector se envió el pasado sábado un orden del día que fue rechazado por el presidente de la formación, aludiendo a la “incertidumbre” generada por la judicialización en la que se encuentra el PAR. Ante esta negativa, los díscolos han hecho valer su mayoría para exigir la celebración de esta Ejecutiva.

Como primer punto, los díscolos quieren abrir su proceso de Primarias y celebrarlas el 25 de febrero. En concreto, consideran que, hasta que la sentencia sea firme, el partido debe seguir “adoptando decisiones” y “trabajando en la organización electoral”, un asunto que consideran primordial a cuatro meses de la cita con las urnas. El pasado jueves, tras la Ejecutiva, Aliaga ya dejó dudas sobre si se presentaría a ser el cabeza de lista del PAR a las elecciones autonómicas.

BLINDAJE DE LOS CARGOS

Por otro lado, después del rechazo al primer orden del día, esta mayoría ha incorporado un nuevo punto, la necesidad de que sea la Ejecutiva quien apruebe los ceses y nombramientos de los cargos institucionales. “No es justo que, por discrepancias internas, se cesen a personas que hacen una buena gestión”, exponen a ARAGÓN PRESS fuentes de este sector, que reconocen que, en última instancia, esta competencia es decisión de la institución correspondiente, sea el Consejo de Gobierno o los presidentes provinciales.

Aliaga ya exigió al presidente de la DPT, Manuel Rando, la destitución de Alberto Izquierdo, entonces vicepresidente provincial, y mantuvo la incógnita de si iba a tomar alguna decisión similar sobre sus tres directores generales en la Consejería de Industria, Gloria Pérez (Turismo), Luis Estaún (Desarrollo Estatutario) y Eva Fortea (Comercio), o su secretario general técnico, Sergio Larraga, aunque ninguno de estos cuatro casos se ha trasladado al Consejo de Gobierno de este miércoles.

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