El PAR ha pedido formalmente a los ayuntamientos de Teruel y Alcañiz cumplir con los acuerdos políticos contra el transfuguismo en las corporaciones locales, estatales y autonómicas. Esta decisión responde, tal y como explica la formación aragonesista, “a los evidentes casos” que se han producido en dichas instituciones. Concretamente, se refieren a Julio Esteban y Joaquín Tomás, en Teruel; y a Berta Zapater, Eduardo Orrios y Beatriz Altaba, en Alcañiz.
En dichos acuerdos, suscritos por primera vez en 1998 y renovados en 2020, “queda reflejado que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular”. Así, comunican que estas personas “no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos de los que proceden, en este caso el Partido Aragonés”. Por ello, la formación sostiene que no deben sufrir “menoscabo de dichos derechos a pesar de la marcha de los tránsfugas”.
Del mismo modo, el comunicado de la Comisión Permanente, reunida ayer, apostilla que “estas medidas se extienden a los cargos públicos que no han sido electos por sufragio directo”, siendo este el caso de Berta Zapater y Julio Esteban, “por lo que también se ha acordado dirigirse a la DPT” para que se respete el espíritu de dichos acuerdos antitransfuguismo.
Asimismo, desde el PAR califican esta práctica como una “forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”. Por todos estos motivos, el partido pide al resto de formaciones política “que no se sirvan del voto de los diputados y concejales tránsfugas en sus iniciativas”. Algo que ya sucedió, según el partido, en el último pleno de la DPT.
