La nueva Ley del Juego incluye finalmente la prohibición de retirar efectivo de los datáfonos

Finalmente, el PAR ha votado a favor de ese artículo, que no han apoyado PP, Cs y Vox
photo_camera Finalmente, el PAR ha votado a favor de ese artículo, que no han apoyado PP, Cs y Vox

Aragón tiene nueva Ley del Juego 23 años después. Las Cortes han dado luz verde en el penúltimo Pleno de la legislatura a la norma, que pretende actualizar la del año 2000 e incide en los problemas derivados del juego, como las adicciones, como cuestiones de salud pública. Se sabía de antemano que la votación iba a salir adelante, pero en el tiempo de descuento se ha temido por un artículo concreto, el de la prohibición de retirar efectivo de las máquinas TPV, que ha sido aprobado igualmente.

Partido Popular, Ciudadanos y PAR han votado en contra de este apartado. Ha sido el apoyo de Vox, para conformar una mayoría inusual en la cámara (con PSOE, CHA, Podemos e IU), el que ha permitido su tramitación.

Así pues, cerca de tres años de trabajo han cristalizado en una nueva ley. Establece distancias mínimas de 500 metros entre los nuevos locales y los centros educativos, incluye la ya mencionada prohibición de retirar efectivo y actúa sobre las tragaperras de los bares y restaurantes, vetando a los usuarios autodenunciados en el Rejup (Registro del Juego de Prohibidos de Aragón) y estableciendo protocolos para su uso “responsable”.

EL JUEGO ONLINE, FUERA DE LAS COMPETENCIAS DE ARAGÓN

El texto legislativo incide, como competencia propia de Aragón, en el juego presencial en locales. Las modalidades online, que dependen del Gobierno de España, no se modifican de entrada, algo que han criticado Cs, PP y Vox. Tampoco los sorteos estatales, como la ONCE.

La portavoz de los primeros, Beatriz García, ha expuesto que su formación pretende, además de “proteger y prevenir” a los usuarios vulnerables, garantizar el desarrollo económico del sector y la libertad de empresa. Es por esto que no entienden, ha dicho, la ampliación de las distancias desde los centros educativos de 300 a 500 metros. Además, se ha quedado en el tintero su enmienda para destinar un porcentaje de la recaudación, mediante los impuestos, a programas de prevención de la ludopatía en edades tempranas.

En ese mismo conflicto, el de empresas y damnificados por el juego, ha insistido David Arranz (Vox), así como en el impacto sobre los hosteleros que tengan máquinas en sus establecimientos. “Velamos por alejar las casas de apuestas, pero no creemos que sea cuestión de metros, sino de formación”, ha matizado. Por su parte, José Antonio Lagüens (PP) ha destacado el tono constructivo del debate, si bien no ve la “necesidad del control remoto” de las tragaperras.

Las Cortes celebran este jueves y viernes el penúltimo pleno de la legislatura

“VANGUARDISTA Y PIONERA”

Desde la otra bancada, Podemos ha celebrado la aprobación de una ley “vanguardista y pionera”. Itxaso Cabrera se ha referido al tratamiento “desde los servicios públicos” de las adicciones y su prevención, una demanda de la gente que ahora “llega a los parlamentos”. “Gracias a la gente decente que trae las calles a las instituciones. Convierte a Aragón en referencia para todo el Estado, trae un incremento de acciones preventivas que había impedido el lobby del juego para que los menores aprendieran a jugar apostando”, ha manifestado.

Por su parte, CHA pide “mirar a los ojos” a todo lo relativo al juego y sus consecuencias “devastadoras y demoledoras”. “Nosotros decíamos también que debía regularse el juego online, pero ha pasado tanto tiempo que ha habido hasta una modificación estatal”, ha añadido Isabel Martínez, algo que ha respaldado Izquierda Unida. La formación representada por Álvaro Sanz tiene claro que “el juego es lícito pero no una actividad cualquiera” y se debe ser, a su juicio, “restrictivos con la posibilidad de colocar más locales”.

El portavoz del PSOE y coordinador de la ponencia legislativa, Darío Villagrasa, ha cerrado el turno de intervenciones haciendo balance de tres años de trabajo “objetivo” y “riguroso”. “En el último momento, parece que esas circunstancias ponían en quiebra a determinado sector. Ni se van a destruir 4.800 puestos de trabajo, ni se va a obligar a instalar ordenadores ni que los camareros atiendan determinadas obligaciones”, ha zanjado.

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