Izquierda Unida lleva la unión de estaciones ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

El líder regional, Álvaro Sanz, y la eurodiputada, Sira Rego, lo han anunciado este lunes en Zaragoza
photo_camera El líder regional, Álvaro Sanz, y la eurodiputada, Sira Rego, lo han anunciado este lunes en Zaragoza

Izquierda Unida ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) que investigue si existe conflicto de intereses por parte del Gobierno de Aragón en relación con el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por la Canal Roya.

El líder regional, Álvaro Sanz, junto con la eurodiputada de IU, Sira Rego, lo han anunciado este lunes en Zaragoza. Una medida con la que esperan que la UE paralice el proyecto de manera cautelar, ya que 26 de los 38 millones a los que asciende el coste serán sufragados por los fondos europeos Next Generation, destinados a la sostenibilidad turística y que se deben gestionar por las entidades locales. Sanz ha explicado que por este motivo fue la Diputación Provincial de Huesca la que los solicitó y en diciembre fueron adjudicados.

Sin embargo, en enero, el departamento de Economía del Gobierno de Aragón procede a la firma del convenio relativo a este proyecto con lo que, según IU, se pone de manifiesto “que requiere de la participación de una sociedad privada, como es Aramón, cuya consejera es su presidenta al estar participada al 50% por el Gobierno de Aragón siendo, además, trabajadora en excedencia de Ibercaja, entidad que forma el otro 50% del holding de la nieve”. Sanz ha aseverado que el objetivo de esta nueva iniciativa es que este órgano de fiscalización, vinculado a la Comisión Europea, estudie la falta de transparencia y opacidad del Gobierno de Aragón en la gestión de este proyecto y que la OLAF lo audite al tratarse de fondos europeos.

Por su parte, Sira Rego ha insistido en que lo principal, en estos momentos, es “proteger y preservar” una zona de alto valor ambiental porque el proyecto va en contra del “patrón climático” y la “sostenibilidad”, cuestiones que centran la finalidad de estos fondos.

Para eurodiputada, la “falta de transparencia y de rigor” en este proyecto es “palpable” y ha señalado que existe un “cruce de intereses” porque el departamento de Economía ha impulsado a través de la empresa Formigal S.A. que la unión de estaciones de esquí sea declarada como Proyecto de Interés General (PIGA), ha redactado un informe para contrarrestar el informe en contra del Departamento de Ordenación del Territorio y es, asimismo, una de las promotoras del proyecto.

En cuanto a los plazos, desde la presentación de la denuncia ante la oficina antifraude, hay dos meses para estudiar si se admite a trámite y después el procedimiento habitual son otros doce meses de investigación. Por este motivo, IU ha pedido medidas cautelares para la paralización del proyecto y evitar el inicio de las posibles obras.