¿Queda algo por contar de Gran Scala a estas alturas? Del inicio del sueño de construir Las Vegas en Ontiñena han pasado casi 16 años. Desde su final, cuando International Leisure Development (ILD) dejó de contestar al teléfono, más de una década. Por si fuera poco, este grupo cesó su actividad en 2015, según el registro mercantil británico. ¿Y si esos mismos papeles, después de tanto tiempo, trajeran alguna sorpresa? Pues bien, tiene nombre y apellidos: José Manuel Villarejo.
Aunque la crisis económica ya se hacía notar y las aspiraciones de los inversores parecían enfriarse, el Comisario se sumó a ILD en el verano de 2010. Lo hizo inicialmente con la empresa Servicios de Investigación y Detección SL, comprando 6.500 acciones. Así lo demuestra la lista de accionistas a fecha del 17 de julio de aquel año. No sería su único movimiento, ya que en el siguiente listado que figura en la Companies House británica, fechado el 17 de julio pero de un año más tarde, 2011, ya había adquirido otras 76.100 a través de su Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), un conglomerado empresarial de su propiedad mediante el que realizó buena parte de sus operaciones extraoficiales.
En 2012, la suma de las partes de Villarejo, unas 82.600 acciones, representaba un 10% del total de International Leisure Development. La primera empresa, Servicios de Investigación y Detección, echó a andar en enero del año 2008. Así figura, ya extinta, en el Registro Mercantil de Madrid y con Villarejo como administrador único desde 2014. Otro de sus apoderados era el antiguo inspector de Policía, Antonio Giménez Raso, imputado en el Caso Tándem, dentro de la macrocausa judicial contra el Comisario.
RAFAEL REDONDO, UNO DE LOS ENLACES CON ILD
Cenyt tenía mucho más bagaje, desde 1996 y con sede en la Torre Picasso de Madrid. Estaba dirigida por el propio Villarejo y Rafael Redondo, otro de sus socios, quien tuvo relación directa con el grupo empresarial. Dentro del grupo Cenyt, la empresa escogida para intervenir en ILD, o una de ellas, fue Cenyt Media, dedicada a la comunicación corporativa. Al menos, así se extrae de la edición escrita del Diario del Alto Aragón del 11 de julio de 2010, en la que Redondo se presenta como su director general en una visita a Ontiñena.
Fue en una de las firmas para la venta de terrenos. Junto a él, acudió a la localidad Josep Carreras, en representación de la barcelonesa Alea Development. “Esto demuestra la seriedad de nuestro proyecto”, declaró a los medios Redondo, en referencia a los cerca de 300.000 euros que abonó ILD aquel día a los propietarios por el 4% de los terrenos donde se había proyectado Gran Scala, unas 3.000 hectáreas según la prensa oscense. Ahí debían caber parques temáticos, casinos, hoteles o centros de convenciones. Nada más lejos de la realidad, los terrenos se quedaron vacíos y los agricultores pudieron seguir trabajando, recibiendo de paso su particular pellizco de la lotería.
La relación oficial de Villarejo y Redondo con Aragón se quedó ahí. No hubo, por ejemplo, ningún tipo de conexión empresarial con el Gobierno autonómico, fuera con Marcelino Iglesias, Rudi o más adelante. Ni concurrir a licitaciones de contratos públicos, ni obtenerlos. Así lo confirma el Ejecutivo en sendas peticiones de transparencia. Una experiencia fallida, la segunda del Comisario con los parques temáticos tras Ciudad Al ManSur, el que quiso levantar en su Córdoba natal a principios de siglo, junto a los restos de Medina Azahara.
Queda para la memoria, eso sí, el protocolo de colaboración entre la DGA e ILD, por el que el Gobierno se comprometía a ubicar el complejo en Aragón y a impulsar las infraestructuras alrededor del mismo, como carreteras, líneas ferroviarias o los suministros eléctricos y de agua, siendo este último uno de los quebraderos de cabeza de entonces. A cambio, el conglomerado empresarial atraía inversores, «identificaba» posibles nuevos inversores y asumía los costes de mantenimiento, aunque también captaría los beneficios y tendría capacidad de gestionarlo «de forma autónoma».
INTRIGAS POLÍTICAS
El PSOE y el PAR de José Ángel Biel gobernaban entonces en coalición. Fuentes de los segundos respaldan la teoría de que su lado del Pignatelli se dejó seducir más por los empresarios que los socialistas. Además de Biel, los que señalan como nombres propios son Arturo Aliaga y el exsenador José María Mur. El que fuera diputado de CHA en ese parlamento, Chesús Yuste, cree también que “el PSOE se vio arrastrado” de alguna manera, aunque pese a todo defendían el proyecto «con virulencia». Para otro protagonista de aquellos días, el periodista José Luis Trasobares, lo que buscaba Marcelino Iglesias era “marcar distancias”. Este último condensa en tres palabras lo que a su juicio es la idea alrededor de Gran Scala: “Negocio de expectativas”, o cómo generar un globo de millones para atraer inversores externos.
En lo que sí coinciden Yuste y Trasobares es en el deseo de ILD a la hora de emprender el proyecto, que según ellos no era sino contar con un espacio “sin ley” desde el que operar, pese a lo intrincado que podía resultar hacerlo legal. No en vano, se llegó a promulgar la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que valoran como hecha a medida y que continúa en vigor, pese a un intento de derogación por parte de Chunta en 2011.
Gran Scala tuvo hasta su toque de película, dado el secretismo que rodeó al proyecto en sus primeros pasos. De hecho, el entonces vicepresidente Biel llegó a reconocer en sede parlamentaria que lo habían ocultado durante cerca de un año para que no se truncara. En ese lapso de tiempo, tuvieron lugar reuniones en París, Londres u Orlando. Fue ahí, en suelo estadounidense, donde se destapó la bomba del macrocasino que nunca fue, ni probablemente, según estas voces, estuvo cerca de serlo.