80 puntos repartidos en diez apartados, entre los que destacan la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la modificación de la Ley Trans aragonesa, el impulso del conocido como Plan Pirineos y una larga lista de rebajas fiscales. Así es el acuerdo que Partido Popular y Vox han rubricado este viernes mediante sus portavoces, Ana Alós y Alejandro Nolasco, quien además será vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, una de sus dos carteras junto a Agricultura y Ganadería, sin Medio Ambiente. No ha estado el futuro líder de la DGA, Jorge Azcón, que espera para ser investido los días 9 y 10 de agosto.
De acuerdo al texto, la coalición apoya además votar conjuntamente al senador autonómico que propongan los populares, sea de uno u otro partido. En Sanidad, el primer apartado, se proponen abordar las listas de espera y “atajar” los problemas relativos al nuevo pliego del transporte sanitario urgente, que Azcón prometió modificar en los primeros 100 días de su mandato.
El segundo punto es la educación, donde señalan que garantizarán “la libertad de elección de centros” y sacar “la ideología de las aulas”, así como impulsar nuevos grados universitarios en Huesca y Teruel. En Bienestar y Familia, el nombre que recibirá la antigua Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, se incluirá la nueva Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. Asimismo, se introducen incentivos fiscales y deducciones en el IRPF por adopción o nacimiento de niños.
VIOLENCIA “MACHISTA E INTRAFAMILIAR”
El apartado tres contempla la reforma de la conocida como Ley Trans aragonesa y trabajar por erradicar los discursos y la violencia machista, así como la “intrafamiliar”. Aunque no es una cuestión autonómica, acuerdan instar al Gobierno de España a “identificar a los violadores que han salido en libertad por la ley del solo sí es sí”. Se comprometen, en la misma línea, a estudiar el aumento de las agresiones sexuales “para determinar las causas y elaborar perfiles repetidos de los agresores”.
La política impositiva, cuarto punto, está marcada por la lucha contra lo que denominan “infierno fiscal”. Así, prometen rebajar medio punto el IRPF, hasta los 50.000 euros, para que la tributación de las familias aragonesas con ingresos medios y bajos “se sitúe en la media española”. Igualmente, contemplan reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Sin derogar el de Patrimonio, de entrada, sí plantean elevar “el mínimo exento a los 700.000 euros”. También quieren bajar el de Transmisiones Patrimoniales al 6% y el de actos jurídicos documentados el 0,75%.
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En Empleo, Industria y Comercio, el objetivo global es incentivar la actividad empresarial mediante ayudas para combatir los efectos de la inflación. El sexto epígrafe, “simplificación administrativa”, se centra en identificar “los organismos supérfluos que dependen de fondos públicos” para su “inmediata disolución”. Es el caso de los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, adscritos al departamento de Presidencia.
Respecto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), hacen mención a «desarrollar un modelo que sea acorde con la coyuntura económica y confirmado por unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad aragonesa«. Además, continúan, deberán favorecer «la cohesión territorial y los valores constitucionales«, así como promocionar «nuestra cultura y tradiciones» e impulsar «la producción propia de contenidos».
PLAN PIRINEOS Y OBRAS HIDRÁULICAS
La agricultura y el medio rural tienen un apartado exclusivo, que contempla un plan de choque contra la sequía e incentivos fiscales en el IRPF para este tipo de actividades. Aquí se recoge la inversión de 250 millones en el Plan Pirineos que presentó Alberto Núñez Feijóo en Huesca y la “reordenación y planificación” del despliegue de las renovables, con el que ellos y otros grupos de la oposición han sido muy críticos.
Para Infraestructuras y Medio Ambiente, el apartado número ocho, se refieren a la reapertura del Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el “desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica para garantizar la reserva hídrica” que establece el Estatuto de Autonomía. No hay, por tanto, una mención expresa al trasvase ni la interconexión de cuencas, como sí hacen con la modernización y ampliación de los regadíos.
OKUPACIÓN Y LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
La lucha contra la ocupación ilegal tiene dedicado otro apartado como “objetivo prioritario”, tanto utilizando la normativa autonómica como instando al Ejecutivo Central. En el décimo y último, llega otro de los puntos destacados y polémicos con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, la supresión de la Dirección General de Política Lingúística y las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en esta misma materia, como la Academia de la Lengua Aragonesa.
Puedes consultar en este enlace el acuerdo de gobernabilidad completo