PP y Vox registrarán el próximo lunes, día en el que se cumplirán 48 años de la muerte de Franco, en las Cortes de Aragón la reforma legal para iniciar la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Un proceso que continuará con su debate en el próximo Pleno del Parlamento autonómico antes de iniciar un proceso que se avecina bronco y tenso por la defensa férrea que los grupos de la izquierda siempre han realizado de una norma aprobada por el primer Gobierno de Javier Lambán en 2018.
Así lo ha avanzado el vicepresidente primero y máximo representante de Vox en el Ejecutivo, Alejandro Nolasco, dando cumplimiento al acuerdo que ambas formaciones firmaron a principios de agosto para formar el Gobierno de coalición. En resumen, esta actuación supondrá que la DGA deje de apoyar económicamente las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los cuerpos.
Esta norma salió adelante con los apoyos de las formaciones de izquierda, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP y PAR, que recriminaron que esta Ley se limite a condenar las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Aragón desde 1936 hasta la aprobación de la Constitución de 1978 y no se extienda a las que entienden que se cometieron en la Segunda República.
Asimismo, la Ley obligaba a los municipios y ayuntamientos a eliminar todos los símbolos franquistas que todavía quedaban en sus calles o letreros, con la amenaza de retirar las ayudas públicas y subvenciones, así como sanciones que oscilan entre los 200 y los 150.000 euros. Además, incluía la actualización del mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones o la creación de un depósito de ADN homologado con las bases de datos de otras comunidades.