La actualidad política de las Cortes viene marcada por las reacciones al anuncio de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En esta ocasión, ha vuelto a pronunciarse el PSOE, ya que, conforme se van desvelando los detalles de la medida del Gobierno PP-Vox, tienen claro que la coalición quiere “esquivar el debate social” y “colar” la eliminación de la norma con la mayor brevedad posible. Así lo ha señalado su portavoz, Daniel Alastuey, quien además ha recordado que el plan de la consejera de Presidencia desvelado por Santiago Morón y Fernando Ledesma este lunes, y que sustituiría la Ley del cuatripartito, no tiene una consignación presupuestaria. De hecho, la propia Tomasa Hernández compareció la semana pasada ante la Comisión de Hacienda sin mencionar, al menos de forma expresa, esta cuestión.
“Un proyecto de este tipo necesita informes, una audiencia pública o las parlamentarias que hacen que la sociedad civil pueda participar”, ha declarado Alastuey. Sobre la responsable de Presidencia, ha desvelado además que ha solicitado una comparecencia donde ofrecerá detalles sobre el mencionado “plan de Concordia”. Por esto mismo, los socialistas critican que, si existía la idea de sustituir el texto legislativo por otro nuevo, la DGA debería haber optado por una modificación en lugar de una derogación.
Pese a estar en la oposición y sin posibilidad de superar los apoyos de PP-Vox, Alastuey ha confirmado que su partido no rehuirá el debate. En este sentido, llevarán a las Cortes una iniciativa del grupo socialista en el Senado que insta al Gobierno de España a potenciar las políticas de Memoria Democrática. Es una forma, ha dicho, de seguir las directrices de la ONU y el Parlamento Europeo, porque estas políticas “no son una iniciativa española” ni de las Comunidades Autónomas.
“ESTÁN CONFUNDIENDO A LAS PERSONAS JÓVENES”
En sede parlamentaria, el diputado del PSOE ha salido al paso de las críticas de los portavoces popular y voxista, que acusaron al anterior Ejecutivo de querer “hacer una historia oficial”. A juicio de Alastuey, la derogación es un intento de responsabilizar a la Segunda República del golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil y sus efectos pueden “confundir” a la población, en especial a los jóvenes.
“Cuando uno escucha al señor Abascal llamar a la desobediencia, a Díaz Ayuso decir que estamos en una dictadura o al señor Azcón con que la amnistía es el mayor ataque a la democracia, cuando hemos visto el 23F, estamos pervirtiendo el lenguaje”, ha manifestado. Estas declaraciones, ha insistido, hacen de este el momento propicio para, no solo no eliminar las leyes relativas a la memoria, sino potenciarlas.