Aragón ha sido históricamente una tierra de pactos, de acuerdos, entre partes distanciadas que, pese a ello, han podido unir sus fuerzas para sacar adelante un frente común. De hecho, en un contexto político nacional marcado, precisamente, por las dificultades para alcanzar esos puntos de unión, en la Comunidad emerge un cuatripartito en el que confluyen formaciones lejanas en su ideología.
Un buen ejemplo de esta capacidad de lograr pactos es la Declaración Institucional que han suscrito el Gobierno de Aragón y unos agentes sociales tan dispares en su forma de entender la economía y la sociedad: los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Un completo acuerdo constituido como un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo socioeconómico de la Comunidad, y que aporta credibilidad y confianza al tejido empresarial y al conjunto de los trabajadores.
Pero este acuerdo entre estas partes tiene una larga historia. Para encontrar su origen hay que remontarse hasta un lejano 22 de junio de 1989, con la firma del primer Acuerdo Económico y Social de Aragón, vigente para ese año y para el siguiente. La Comunidad se convertía así en pionera en la concertación social entre los sindicatos más representativos, las organizaciones empresariales y el gobierno autonómico. Desde entonces, se han suscrito once acuerdos, manteniendo el clima de consenso que siempre ha imperado en Aragón.
Mucho ha cambiado desde aquel 1989, y poco tiene que ver ese primer acuerdo con el último. No en vano, las escasas competencias que por entonces tenía el Ejecutivo aragonés impedían profundizar en las necesidades económicas y sociales de los aragoneses, enriqueciéndose con el paso de los años y la transmisión de competencias en las reformas estatutarias de 1994, 1997 y 2007.
Un trabajo sectorial que ha fructificado durante este tiempo en grandes acuerdos. Solo en la última legislatura, se presentaron el Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA), el Plan para la Mejora del Empleo en Aragón 2016-2019, la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020, o la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019, entre otras muchas cuestiones del día a día en las empresas.
Declaración institucional de 2019
Así las cosas, 11.079 días después del primer convenio, el Gobierno de Javier Lambán y los cuatro agentes sociales suscribían la Declaración Institucional con la que se fijaban los objetivos principales para favorecer un aumento de la competitividad y del desarrollo del tejido socioeconómico aragonés.
Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, la materialización de este tipo de pactos ha redundado en una paz social y un crecimiento de la economía que, apoyada en los sectores estratégicos de Aragón (automoción, agroalimentación, logística y energías renovables), le permite afrontar en mejores condiciones los efectos negativos derivados de la situación internacional, tales como el Brexit o la crisis entre las principales potencias económicas.
A su juicio, el texto abre “otra etapa de sintonía y acuerdo” que ofrecerá nuevos éxitos y planteará nuevos retos. Entre estos, ha citado el empleo juvenil para lo que la apuesta de la formación es “fundamental”, o la digitalización de la economía, que tendrá un marco específico, el Campus Digital, que echará a andar en el entorno de la Expo y que “colocará a Aragón en situaciones de liderazgo y será, asimismo, factor de atracción de más empresas”.
Por su parte, la consejera de Economía, Marta Gastón, ha subrayado que en esta nueva etapa del Diálogo Social se trabaja en dos objetivos: la creación o participación en el mejor ecosistema socioeconómico posible en la comunidad y dirigir esfuerzos en reducir las desigualdades sociales. Para ello, la creación de empleo de calidad es la “absoluta prioridad”. En este sentido, el Gobierno de Aragón y los agentes sociales trabajarán para “alcanzar niveles previos a la crisis y favorecer una distribución de la renta más equitativa”, atendiendo especialmente a los colectivos con mayores dificultades para insertarse laboralmente.
Políticas vertebradoras, empleo de calidad y negociación colectiva
Por su parte, los agentes sociales han coincidido en apuntar algunos de los retos más inmediatos que afronta la Comunidad y que precisa de grandes acuerdos, tales como la lucha contra la despoblación y la reforma de la financiación autonómica, para hacer de esta una comunidad más competitiva y que redistribuya mejor los recursos redundado en mejores políticas sociales. Para el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, estas dos cuestiones son “una preocupación que todos acabamos teniendo porque vemos que Aragón está infradotada y con problemas de dinero para poder hacer las políticas que queremos”.
Por otra parte, la declaración incluye la “voluntad expresa por definir un marco de actuación consensuado relativo a la negociación colectiva en Aragón, como herramienta básica e indispensable para la cohesión social en nuestra Comunidad”. Para el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, la negociación colectiva “significa encontrar puntos de resolución de conflictos” y una contribución a la redistribución de la riqueza. “Tenemos que hacer lo posible por mejorarla, extenderla a la mayor cantidad de aragoneses posible y trasladar de manera ágil los acuerdos que se dan a nivel estatal”, ha expuesto.
Todas estas medidas deben coexistir con políticas sociales “decididas y prioritarias que permitan reducir las desigualdades en nuestro territorio”, tal y como figura en el texto. Para el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, estas cuestiones darán una “estabilidad política y social” que no se encuentra en regiones vecinas. “Ver que vamos juntos y que son muchas más las cosas que nos unen debemos es un activo que debemos explotar”, ha reclamado.
Convertido en Ley
Pero esta apuesta por el diálogo social ha ido más allá que una simple declaración institucional. En febrero de 2018, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional, que otorga rango de ley a los acuerdos que ya se venían produciendo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Esta garantizará la estabilidad de la participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales más representativas tras la creación de una mesa en la que también intervendrán los distintos grupos parlamentarios.
Una norma compuesta por 14 artículos que exige de la “voluntad” de las partes para llegar a acuerdos, “no solo debatir y dialogar”. Una voluntad que servirá para “potenciar el desarrollo socioeconómico de Aragón impulsando el empleo, la igualdad, la promoción económica y las políticas sociales”. Su principal novedad fue la creación de la Mesa del Diálogo Social de Aragón, como máximo órgano de negociación y participación institucional permanente y de composición tripartita. Su cometido fundamental será precisamente impulsar la concertación socioeconómica y la participación institucional en la Comunidad Autónoma.
Tal importancia ha recibido esta Mesa del Diálogo Social que el 23 de abril de 2018, durante la celebración oficial de la Festividad de San Jorge, recibió el Premio de Aragón, máxima distinción ordinaria de la Comunidad. El jurado valoró la importancia que tiene para Aragón como tierra de diálogo y consenso, espíritu que se mostró meses antes con el acuerdo alcanzado entre los empleados y la dirección de la empresa Opel España por el convenio colectivo de la planta de Figueruelas, clave para la economía, el empleo y el conjunto de la sociedad aragonesa.
Críticas de otros sindicatos
No obstante, y pese a la mayoría con la que contaba en las Cortes de Aragón, hay sectores que no se ven representados en este acuerdo. El sindicato OSTA ha denunciado que esta ley “sigue ignorando que otros sindicatos siguen creciendo en representación en las empresas y en los sectores”, cifrando en “más del 30%” la suma de los sindicatos no presentes en esta declaración.
Por este motivo, OSTA considera “ineficaz” esta ley que tiene como principal objetivo, han dicho, buscar el consenso, “a costa de abandonar un sindicalismo reivindicativo, excluyendo a otras organizaciones sindicales”. Desde el sindicato han insistido en que esta Ley es “un fraude democrático” porque “no representa la voluntad de los trabajadores aragoneses”, ya que “dos sindicatos en connivencia con el Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales se atribuyen la total representación de los mismos”.
Además, han denunciado que esta ley gire en gran medida sobre las políticas activas de empleo, cuando “en la mayoría de los casos acaban convirtiéndose en cursos de formación, que poco o nada aportan para la búsqueda del empleo y en cambio se convierten en fuentes de ingresos para quien realiza estas formaciones, lo que puede suponer una financiación encubierta”.
