La construcción de la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, el gran proyecto de la Institución en los últimos años, atraviesa desde hace tres meses un momento delicado con la paralización del proyecto para su recalculado. Un contratiempo surgido tras detectar anomalías en la construcción que podría suponer costes añadidos superiores incluso a los dos millones de euros. Sin todavía fechas concretas, el reinicio de las obras podría producirse incluso en las próximas semanas.
El inicio de las obras en la infraestructura universitaria el pasado mes de febrero supusieron el comienzo de uno de los proyectos más esperados por la comunidad universitaria, movilizada desde hacía décadas ante el precario estado de unas instalaciones ya de por sí desfasadas.
Techos cayéndose a pedazos incluso encima de alumnos, deficiencias en la instalación eléctrica y una nula eficiencia energética fueron algunos de los problemas del antiguo edificio que animaron finalmente el Gobierno de Aragón a contemplar una reforma integral de la Facultad.
Así, al comienzo de la primavera de 2018 el proyecto salió a licitación con un presupuesto de casi 19 millones de euros. Finalmente, solo hicieron falta 17,4 millones por los que la empresa adjudicataria (una Unión Temporal de Empresas con FCC a la cabeza) se hizo con el proyecto. Fue la oferta “económicamente más ventajosa”, según recoge la resolución del contrato publicada en junio de 2018, por lo que según los criterios de la Administración pública debía ser la encargada de ejecutar las obras.
Unas obras que se toparon, apenas unos meses después de su inicio, con los problemas que todavía arrastra a día de hoy. La demolición del pabellón de Filología ya tuvo que comenzar con varias semanas de retraso con respecto al plan inicial, y las actuaciones en el resto del edificio sacaron a la luz deficiencias estructurales que han obligado a recalcular el proyecto hasta su inminente reanudación en las próximas semanas.
Los sobrecostes no podrán superar los 2,6 millones de euros
Sin conocer todavía estimaciones concretas de cuánto dinero costará el nuevo recalculado del proyecto, la única cifra segura es que en ningún caso podrá costar más de 2,6 millones extra a lo presupuestado. Es la cantidad que marca el 15% de los 17,4 millones de euros que calculó en un primer momento la UTE adjudicataria y que le hicieron hacerse con las obras.
Una cifra que estipula la propia Ley de Contratos Públicos estatal, y a la que la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento se refirió durante la celebración del último Pleno de las Cortes de Aragón. “Vamos a remitirnos al cumplimiento de la Ley”, aseguró tras ser interpelada por el grupo parlamentario del PP sobre la paralización de las obras.
Un sobrecoste que sigue “dentro de la senda”
La consejera utilizó también la sesión de control al Gobierno del último Pleno de las Cortes de Aragón para desmentir que los sobrecostes del nuevo replanteamiento del proyecto vayan a repercutir en otras partidas presupuestarias del Ejecutivo. Tal y como defendió ante la cámara, el Gobierno reservó para las obras de la nueva Facultad un total de 22,9 millones de euros, por lo que el presupuesto se mantiene pese a todo “dentro de la senda” marcada por la DGA para completar el proyecto.
Así, y aún en el peor de los casos con unos nuevos cálculos que ascendieran al tope legal de 2,6 millones de euros, el coste final se quedaría en 20 millones de euros. “Todavía nos quedarían 2,9 millones de euros”, defendió Maru Díaz ante la acusación de “mala gestión” que llegó desde la bancada popular.
Pese a todo, la obras estarán “en tiempo y forma” para 2022
Desde el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento se sigue manteniendo que las obras cumplirán “en tiempo y forma” con los plazos previstos. Así, en el proyecto inicial se recoge que las obras y reacondicionamiento de la nueva Facultad deberán estar listas para el comienzo del curso 2022-2023.
Fue la propia consejera la que se comprometió a que así fuera, remarcando también que la “paralización” de las obras de la que se le acusa no ha llegado a producirse en ningún momento. “La paralización es un trámite administrativo que no se ha producido”, sentenciaba Díaz ante el Pleno, defendiendo que los cinco meses de inactividad que acumula la infraestructura responden solo a la necesidad de reelaborar el proyecto.
