Aragón ha sido durante muchos años una tierra objeto de innumerables expolios. Uno de los más mediáticos ha sido el de los bienes de Sijena que la semana pasada cumplían dos años de su llegada a la Comunidad. Ese mismo día se conoció la sentencia por la que el juez ordenaba la devolución inmediata de otras 111 piezas de arte religioso de más de 40 parroquias de Barbastro-Monzón. Pocos días después pisaron suelo zaragozano los siete cascos celtibéricos que fueron objeto de excavaciones ilegales en la ciudad de Arátikos, en Aranda del Moncayo. Ese mismo día también una magistrada ordenó la apertura de juicio oral contra los ex consejeros de Cultura de la Generalitat, Santiago Vila y Lluis Puig por un delito de desobediencia y de usurpación. Además Navarra posee 1.300 piezas arqueológicas del yacimiento de Alto Vico I, en Sos del Rey Católico, que todavía están lejos de llegar.
El pasado miércoles 11 de diciembre se cumplían casualmente dos años del traslado de las piezas desde el Museo de Lérida con la intervención de la fuerza pública tras los reiterados incumplimientos de la Generalitat. Esta fue otra batalla legal que ganó Aragón pero que tardó dos años en poder ejecutarse después de que el juez Antonio Martín González ordenara su salida del Museo de Lérida con intervención de la fuerza pública ante la resistencia de Cataluña a acatar la sentencia.
Dos años antes, en 2015, la juez Carmen Aznar ya había dictado la sentencia sobre los 97 bienes de Sijena dando luz verde a la ejecución provisional e incluso se fijaron fechas de entrega que todas ellas fueron incumplidas. Sin embargo Aznar nunca llegó a autorizar la entrada al Museo de Lérida, donde descansaban las piezas.
Aznar fue sustituido por Antonio Marín que fue quien logró la ejecución de la sentencia basándose en la aplicación del 155 para pedir la entrega al ministro de Cultura. Petición que reiteró días después añadiendo la fuerza pública. Por último, el 4 de diciembre autorizó a la Guardia Civil la entrada a partir de la medianoche del día 11, si antes no se había ejecutado la sentencia, para garantizar su cumplimiento. Aquella madrugada llegó un camión por parte de la DGA para trasladar los bienes bajo la supervisión de técnicos de Patrimonio de la Guardia Civil y de la Diputación General de Aragón.
Dos días y dos años después la magistrada del juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca ha dictado, este viernes, el auto de apertura de juicio oral contra los ex consejeros de Cultura de la Generalitat, Santiago Vila y Lluis Puig por un delito de desobediencia. A Santiago Vila se le juzgará como posible autor de un delito de desobediencia y otro de usurpación de atribuciones judiciales y a Lluis Puig por su posible comisión de un delito de desobediencia.
En el auto dictado el pasado día 5 de diciembre la magistrada requiere a ambos acusados para que depositen una fianza de 216.000 euros en el caso de Vila y 88.000 euros en el caso de Puig garantizar y asegurar las posibles responsabilidades que pudieran imponérseles.
Los hechos por los que serán juzgados tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca, resolución que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
Posteriormente, el 11 de junio de 2015, el mismo juzgado decretaba la ejecución provisional de la sentencia requiriendo el traslado inmediato y efectivo de los 44 bienes pertenecientes al Monasterio de Sijena. Tras la resolución de los varios recursos interpuestos, con fecha 18 de abril de 2017, según expresa el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, el entonces consejero de cultura, Santiago Vila dictó una orden por la que no se autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes al Monasterio de Sijena.
De Sijena a las parroquias de Barbastro-Monzón
El juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Barbastro ordenó el pasado miércoles 11 de diciembre, coincidiendo con la llegada del camión de la DGA al Museo de Lérida dos años atrás, la “inmediata devolución” de los 111 bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón. Según la sentencia el juez estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro-Monzón en representación de las 43 parroquias y de esta manera desestima todas las demandas presentadas por el Obispado de Lérida así como las interpuestas por el Consorcio del Museo de Lérida de las que absuelve al obispado oscense.
En su sentencia el juzgado afirmó “que los bienes reseñados son propiedad de cada una de las parroquias de las que proceden y que deben ser devueltos de forma inmediata, a cada una de ellas, por mediación del Obispado de Barbastro-Monzón en su sede social”.
Tras la presentación de la demanda, el Obispado de Lérida reconoció que 28 obras eran propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón pero mantuvo que las restantes eran de su propiedad ya que habían sido adquiridas mediante usucapión. Igualmente, el Consorcio del Museo de Lérida reconoció la propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón sobre 28 de las 111 piezas pero no sobre las 83 restantes y en su escrito solicitaba además que, de estimarse la demanda presentada por el obispado oscense, éste se hiciera cargo de los gastos de conservación de los bienes.
Para dirimir de quién es la propiedad de los bienes, el juez recordó que existe un acuerdo firmado el día 30 de junio de 2008 entre ambos obispados, en el que el Obispado de Lérida reconoce que los bienes pertenecen a las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro-Monzón, acuerdo en el que no solo se manifestaba que se acataban las resoluciones eclesiásticas sino que también se reconocía que las obras pertenecían en propiedad al obispado demandante.
Las resoluciones eclesiásticas del acuerdo de 30 de junio son el Decreto de la Congregación para los Obispos de 8 de septiembre de 2005, después confirmado de forma definitiva por el Decreto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de 28 de abril de 2007, que resolvió que estas obras pertenecían a las parroquias segregadas, es decir, las de Barbastro-Monzón, y que debían devolverse dado que se encontraban en el Museo de Lérida a título de depósito.
Excavaciones ilegales en Arátikos
Aragón ya tiene en su poder los siete cascos de origen celtíbero fechados entre los siglos VI y III a. C. Ahora, los cascos van a ser estudiados para conocer su estado real de conservación y se prevé que puedan estar de cara al público en torno al mes de abril.
Varios investigadores alertaron al Ministerio de Cultura sobre el posible expolio de un yacimiento celtibérico y, aunque las sospechas del expolio no pudieron acreditarse inicialmente, se puso toda la información en manos de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para que se iniciasen las acciones judiciales pertinentes. El Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid abrió diligencias previas, aunque la causa se archivó en 2011.
Las investigaciones continuaron y, finalmente, la colaboración del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de Aragón, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico y la Guardia Civil, culminó en marzo de 2013 en la operación Helmet I, con la detención de uno de los autores del expolio y la intervención en su domicilio de 4.000 piezas arqueológicas. Cinco meses más tarde se cerraba la operación Helmet II, que detuvo al segundo autor del expolio, y logró la incautación de 2.000 piezas arqueológicas más.
Los dos detenidos fueron condenados en julio de 2018 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a penas de cárcel y multas, así como a la entrega y adjudicación a España y a la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los bienes arqueológicos intervenidos. La investigación de las piezas incautadas permitió acreditar la procedencia de los cascos celtibéricos que habían aparecido a la venta en las subastas europeas para iniciar así un trabajo de recuperación que sigue abierto, con el objetivo de lograr la devolución para España de los ocho cascos aún sin localizar.
1.300 piezas de Sos del Rey Católico en Navarra
Precisamente en la presentación de la recuperación de los siete cascos celtibéricos el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que el Gobierno de Aragón está trabajando junto con el de Navarra para recuperar mil piezas de vestigios de la época romana procedentes de Sos del Rey Católico y que se encuentran en la Comunidad vecina. Lambán destacó la buena disposición del Gobierno Foral a reintegrar las obras a Aragón y ha recordado que también hay obras de origen navarro en Aragón, manifestando la misma disposición por su parte.Estas piezas corresponden al yacimiento de Alto Vico I, en Sos del Rey Católico, que presuntamente le fueron donadas por un particular.
