Sanidad explora nuevos modelos para el contrato de transporte sanitario que llegará en 2022

El contrato actual expira en agosto de 2022
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El Departamento de Sanidad se encuentra inmerso en el diseño de los pliegos que regirán a partir de agosto de 2022 el nuevo contrato para el transporte sanitario en la Comunidad, a través de reuniones semanales con los agentes implicados, tales como las empresas interesadas, representantes de los usuarios y de los trabajadores. A pesar de que no está sobre la mesa la internalización del servicio de transporte urgente, la consejera del área, Sira Repollés, ha adelantado que se están abordando nuevos modelos de gestión y ejecución del servicio.

“El contrato actual es del 1 de agosto de 2018, por lo que expira en agosto de 2022. Estamos en proceso de elaborar los nuevos pliegos e incorporando mejoras sustanciales y posibles fórmulas con los agentes implicados”, ha explicado Repollés, refiriéndose también a la empresa que actualmente presta el servicio, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Ambunova. El contrato se adjudicó por una cantidad que rondaba los 76 millones de euros, con vigencia por cuatro años y prorrogable otros dos.

“Nuestra función es garantizar que la atención de urgencia llega a tiempo a los potenciales usuarios, y el órgano que se encarga de cumplir esa función es la empresa adjudicataria. Si no funciona, ese órgano se trasplanta porque debemos garantizar que la función se realiza bien”, ha argumentado la consejera, ante las críticas de la oposición. La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, que ha recogido el guante para afirmar que, antes de llegar a un trasplante de órgano, “se van poniendo tratamientos para evitar que colapse”.

“Esos problemas existen y debemos ponerles un tratamiento, pero si usted quiere mirar para otro lado hasta que haya que trasplantar…”, ha continuado Gaspar, proponiendo algunas soluciones intermedias como una ampliación presupuestaria que ofrezca garantías suficientes o la organización de mesas técnicas con los agentes implicados, algo que Repollés ha recordado que sí se hace. “Lo oportuno es escuchar a los que están al pie del cañón, porque saben mejor que nosotros las mejoras que se deben incluir en los pliegos”, finalizaba la portavoz de Cs.

Gaspar ha señalado también que el contrato “nace ya con un déficit presupuestario y de plantilla”, ya que la cantidad de personal es, según ha estimado, un 30% inferior al que debería. En este sentido, la consejera ha reiterado que las condiciones laborales “son algo que los empleados deben dirimir con la empresa”. “No seré yo quien no dé la razón a que en los derechos de los trabajadores está la exigencia de mejoras y el cumplimiento de los contratos”, ha deslizado.