Este lunes, el Justicia de Aragón ha presentado su Informe Especial sobre Sanidad en el Medio Rural, revelando que la mitad de los médicos rurales se jubilarán en los próximos diez años. Un 12% de los 531 médicos que atienden a los municipios aragoneses de menos de 10.000 habitantes estarían ya en edad de jubilación, mientras que un 38% se encontraría en la franja entre los 55 y los 64.
A esto se le habría de sumar la dificultad de cubrir estas plazas. Por un lado, el informe señala a la disminución de las plazas de medicina de familia en el MIR entre 2011 y 2015, que no se recuperarían hasta 2019. También destaca que se trata de una especialidad “poco atractiva para los jóvenes que empiezan la formación MIR”, por lo que las únicas 4 plazas vacantes en Aragón serían de atención primaria en el medio rural, en Barbastro y Alcañiz.
En el informe se señala que las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón, como los planes para incentivar los puestos o prolongar el servicio activo de los facultativos hasta los 70 años, habrían resultado “insuficientes”, de acuerdo con la asesora de Sanidad del Justiciazgo, Alicia Íñiguez. Señalan la necesidad de tomar nuevas medidas para poder cubrir las plazas en la “travesía del desierto” que se vivirá hasta 2028, cuando, de acuerdo con el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, comenzaría a solucionarse esta situación.
LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD RURALES
En el informe, se ha consultado a 601 de las 685 entidades locales del mundo rural, tanto municipios como entidades singulares de población. 361 de ellos respondieron a la encuesta del Justicia, permitiendo el análisis de la situación de 390 consultorios y centros de salud de los casi 800 que hay en Aragón.
Solo un 7% de los centros de salud y consultorios consultados tiene un convenio con el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en los que aparecen cosas como la limpieza o el mantenimiento de los ordenadores. Esto significa que el resto, el 93%, no cuenta con financiación autonómica más que en forma de los salarios de los sanitarios.
Por lo general, en estos casos tienen que ser los consistorios los que asuman los gastos de mantenimiento de estos centros sanitarios, lo que significa unos gastos medios por ayuntamiento de entre 2.000 y 3.000 euros. Los gastos se elevan si el ayuntamiento asume la tarea de transporte a los centros de salud asociados en caso de carecer de consultorios o en las horas de cierre.
Sorprendentemente, hay varios municipios donde son asociaciones sin ánimo de lucro las que acaban desempeñando este tipo de tareas. La Cruz Roja, sin existir convenio alguno, recoge muestras sanitarias en el entorno de Luna. “Se hace y ya está”, ha señalado Hernández, criticando esta gestión.
LA JUVENTUD PREFIERE LAS CIUDADES: UN PROBLEMA SOCIOLÓGICO
Hernández ha señalado que la falta de sanitarios no se trata de un problema “solamente de las administraciones ni de datos”, sino “un problema sociológico”. “Por más incentivos que nos den, el problema es que la juventud no quiere venir al medio rural”, ha sentenciado.
Como propuestas para sortear la falta de médicos, se propone el aumento de plazas de los grados de medicinas y formación de especialistas. Estas plazas no deberían quedarse solo en las ciudades, sino que deberían aumentar los centros de salud rurales que ofrecen formación MIR y EIR en atención familiar y comunitaria.
En la actualidad, Aragón solo cuenta con tres unidades docentes en el entorno rural, por lo que muchos jóvenes que podrían estar interesados no tienen la posibilidad de hacer rotaciones en estos centros. Hernández ha señalado este problema, señalando también que para ello tendría que desplazarse más facultativos para no aumentar la carga de trabajo a los que ya se encuentran allí.
LA MEDICINA EN EL ARAGÓN RURAL
En Aragón, sólo 14 municipios superan los 10.000 habitantes. Esto significa que el 98% de los municipios, en los que vive el 30% de la población, formarían parte del mundo rural. Este se divide en 66 zonas básicas de salud, cada una con un centro de salud.
Estos centros de salud, con los consultorios municipales adscritos, atienden a 227.489 personas cada año. La población aumenta en periodos vacacionales, aumentando la carga de trabajo justo en los momentos donde los propios sanitarios se toman las vacaciones. Además, la población aragonesa rural es mucho más envejecida que la que habita en ciudades.
Todo esto son dificultades para la intervención de los sanitarios y la planificación del sistema de salud. A ello, el informe indica que habría que sumarle la disminución de los proyectos de atención comunitaria entre los años 2017 y 2019, y la dificultad de la atención de urgencias al ser por definición situaciones imprevisibles y que requieren atención inmediata en lugares con más dificultades por la distancia y la falta de costumbre.
Además, las dificultades de la Administración para cubrir las plazas vacantes afectan a las zonas rurales. Las vacaciones, permisos y bajas han requerido auto coberturas y parones en la atención debido a la falta de profesionales que pudieran realizar sustituciones. En el informe, se señala la necesidad de que colaboren todos los centros para crear un sistema de información de recursos humanos que facilite la planificación de la cobertura de estas bajas.
El Gobierno de Aragón está impulsando un sistema en el que las nuevas tecnologías permitan facilitar el acceso a la sanidad. Herramientas como las videollamadas pueden facilitar el acceso a los medios, pero, como señala el informe, la edad y la situación de la infraestructura de internet en el medio rural provoca una nueva brecha digital.
EL INFORME ESPECIAL DEL JUSTICIA SOBRE SANIDAD EN EL MEDIO RURAL
El informe nace en 2019 en la reunión de defensores del pueblo de toda España. Se decide tratar en 2020 la sanidad del medio rural de forma común, pero el Covid-19 frenó la iniciativa. Con la vuelta a la normalidad, a principios de 2022 se retoma el proyecto, que ha sido realizado solamente por personal interno del Justiciado.
Tiene como objetivo catalogar los medios del Aragón rural, analizar la situación real y el coste de los servicios públicos y recoger las reivindicaciones de los afectados. Para ello, se ha recogido información de las administraciones públicas, desde las Consejerías de Sanidad y Ciudadanía a las administraciones locales, así como a los colegios profesionales de todas las ramas de la salud, las entidades privadas como residencias o mutuas y a organizaciones como la Cruz Roja.
Para hacerlo más completo, se visitaron centros de atención primaria en coloquios para entender las opiniones de los sanitarios, así como poder ver en primera persona la situación. Por último, el informe señala el análisis de otros informes públicos, así como estudios realizados por universidades.
