Reconocer la carrera profesional de los sanitarios le costará a la DGA más de 8,5 millones

Esta misma semana, el Supremo obligaba a la DGA a abonar 60.000 euros a una médica interina en las mismas condiciones que el resto de personal fijo
photo_camera Esta misma semana, el Supremo obligaba a la DGA a abonar 60.000 euros a una médica interina en las mismas condiciones que el resto de personal fijo

El reconocimiento de la carrera profesional de los sanitarios interinos de la Comunidad tendrá un coste de 7,1 millones de euros para las arcas autonómicas, a lo que se le podría añadir otros 1,5 millones en casos que se encuentran judicializados. Esta misma semana, el Supremo obligaba a la DGA a abonar 60.000 euros a una médica interina en las mismas condiciones que el resto de personal fijo después de trabajar durante casi 30 años sin aprobar la oposición.

Así lo ha confirmado el presidente de Aragón, Javier Lambán, en respuesta a una pregunta que le trasladaba el coordinador autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, tras conocer esa decisión de la sentencia. Según el líder del Ejecutivo, en un primer momento “me asusté bastante” por el impacto económico que podría tener, pero su susto “se ha reducido bastante”, confirmando que el coste “será menor que la jubilación forzosa de médicos del PP, que ha costado ya 50 millones de euros”.

Tal y como ha desgranado Lambán, este reconocimiento se acordó en 2005 con requisitos como la actitud proactiva del interesado en solicitarlo y el número de años de servicio. “Estas mejoras dejaron fuera al personal interino y temporal, generando la reclamación a título particular de algunos afectados, que, con el tiempo, lograron sentencias a su favor y contra la administración autonómica”, ha detallado.

Ante ello, según ha contado el presidente aragonés, el Gobierno decidió en 2019 regularizar la carrera profesional y pactar un complemento específico a los funcionarios de la DGA, dividiéndolo en tres anualidades, y a los profesores y docentes, mientras que, en Sanidad, “hay, hasta el momento y en un cálculo de líneas gruesas, solicitudes desde 2019 que supondrían 7,1 millones, más 170 procesos judicializados, que alcanzarían 1,5 millones de euros”.

Tras estas explicaciones, Pérez Calvo ha recordado al Ejecutivo que la Unión Europea ya acusó a todo el país de “abusar de la temporalidad”, pidiéndole que alcance un preacuerdo judicial para intentar que el impacto en las cuentas sea menor. “Repollés dijo que se había reducido hasta el 19% esa temporalidad, pero quizá hay que avanzar en la estabilización del empleo”, ha afirmado.