Durante los años de crisis en el sector de la construcción el número de consultas ciudadanas registradas descendió, en 2006 supuso un 10,2% del total, mientras que en 2017 se redujo hasta un 3,12%, la mayoría de estas consultas estaban relacionadas con el alquiler y las comunidades de vecinos. La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, ha explicado que el Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General, ha observado que pasados los años más duros de la crisis, poco a poco han ido apareciendo en el sector de la vivienda promociones de obra nueva y, aunque nunca se había olvidado a este sector, se ha considerado oportuno realizar una campaña de inspección.
Durante los años de crisis en el sector de la construcción el número de consultas ciudadanas registradas descendió, en 2006 supuso un 10,2% del total, mientras que en 2017 se redujo hasta un 3,12%, la mayoría de estas consultas estaban relacionadas con el alquiler y las comunidades de vecinos. La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, ha explicado que el Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General, ha observado que pasados los años más duros de la crisis, poco a poco han ido apareciendo en el sector de la vivienda promociones de obra nueva y, aunque nunca se había olvidado a este sector, se ha considerado oportuno realizar una campaña de inspección.
El objetivo es informar a los consumidores y usuarios de cuáles son las cuestiones que deben tener presentes cuando acometan el alquiler o la compra de una vivienda.
Las actuaciones se han llevado a cabo durante el último cuatrimestre del pasado año y se han centrado en la información, el servicio de atención al cliente y los contratos. A nivel nacional esta campaña ha sido elaborada por otras cinco comunidades autónomas.
Los tres Servicios Provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales se han sumado a la programación, realizándose en total 41 inspecciones. En cada una de ellas se han analizado 32 cuestiones de un protocolo específicamente diseñado para las viviendas de obra nueva.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
En términos globales el 77.82% de los controles realizados por la Inspección de Consumo cumplen con la normativa vigente. Detalladamente, la información se cumple en el 96 % de los casos, los aspectos contractuales en casi un 62 %, en tanto que la atención al cliente se sitúa en el 40 %; hablando siempre de grado de cumplimiento.
Consumo recuerda que las promotoras de vivienda deben cumplir con el reglamento de servicios de atención a consumidores y usuarios, igual que el resto de sectores que prestan un servicio o facilitan un bien. Además, como señala Cihuelo deben poner a disposición del consumidor una dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico a la que poder dirigirse.
Las promotoras también tienen la obligación de disponer de hojas de reclamación, avisando de su disponibilidad a través de un cartel, llevar un registro de las reclamaciones recibidas con el justificante de que todas ellas han sido atendidas en el plazo de un mes.
Las promotoras también deben tener a disposición del público la siguiente documentación: identificación del vendedor, planos y descripción de la vivienda, instalaciones y edificio, detalle de materiales empleados, manual de instrucciones e información de la evacuación del inmueble en caso de emergencia, información del precio y forma de pago, copia de las autorizaciones y licencias, modelo de contrato, etc.
Desde la Dirección General de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón se recuerda que al comprar una vivienda nueva se entregan cantidades a cuenta de las que hay que tener en cuenta lo relacionado con las garantías de esas cantidades. Cihuelo recuerda la importancia de solicitar una copia del documento en que se formalice, generalmente bajo la fórmula de aval bancario, la cantidad que se entrega por las viviendas que se encuentran en fase de construcción. Esta copia servirá al comprador para realizar las comprobaciones oportunas en la entidad bancaria correspondiente.
Además, la Ley de Ordenación de la Edificación ha previsto unos plazos de garantía que son de un año para los vicios de acabado, de tres años para defectos en instalaciones y de diez años para vicios de tipo estructural.
Ante cualquier incidencia, la Dirección General de Consumidores y Usuarios, recuerda que el consumidor puede dirigirse al vendedor, que deberá dar una respuesta en el plazo de un mes. Transcurrido ese periodo, se podrá elevar la reclamación ante el Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales.
