La Comisión Europea ha puesto en marcha un proceso participativo para evaluar la actual Directiva Marco del Agua y estudiar posibles reformas. CHA ha participado en la misma para mostrar su postura contraria a cualquier modificación, ya que cree que esta directriz “ha mejorado notablemente la situación en Aragón” y “evitado agresiones en el territorio” durante los últimos 20 años.
El responsable de Asuntos Europeos de CHA, Miguel Martínez, considera que durante este tiempo se han frenado “grandes proyectos” gracias a esta normativa, como el trasvase del Ebro o el embalse de Biscarrués, que hubieran resultado “perjudiciales” para el medio ambiente de la Comunidad.
Para CHA, estas dos décadas de aplicación de la normativa europea ha aumentado también “la calidad y cantidad de información sobre la gestión del agua”, así como “la participación en la gestión de los recursos”. Además, Martínez ha valorado la función “fiscalizadora” de estas directrices para paralizar proyectos “mediambientalmente incompatibles con el territorio”.
“Las carencias de esta Directiva no se encuentran en el propio texto de las leyes europeas, sino que se encuentran en la reticencia de las autoridades estatales y locales a aplicarlas”, ha explicado Martínez, quien ha reiterado que no es necesaria ninguna reforma, solo “debida observancia por parte de las autoridades” para ser cumplida.
En este mismo sentido se ha manifestado la candidata de CHA al Parlamento Europeo Ruth Pina, que alerta de que el proceso que se ha abierto “hace peligrar las políticas del agua” y la defensa del medio ambiente. Para Pina, esta defensa “puede decaer” si se abre la directriz, ya que se pueden introducir políticas que “reduzcan las complejidades” para ejecutar proyectos con un elevado impacto ambiental.
Mejor evaluación de los riesgos por inundación
Los únicos cambios que CHA ha planteado a la actual Directiva Marco del Agua han sido en materia de evaluación de riesgos por inundación. En la actualidad, Europa exige a los países miembros la elaboración de un “mapa de riesgo” por inundación en su territorio.
Sin embargo, Miguel Martínez cree esta medida es “poco concreta” y ha pedido “una legislación europea que pueda arrojar buen sentido sobre cómo hacer frente a esta realidad” ante “la reacción tardía, insuficiente y errática” de las autoridades aragonesas.
