Con la llegada de la Semana Santa, el Ministerio de Justicia concede el indulto a varios presos de cárceles españolas. Este año, la “medida de gracia” ha recaído en seis presos, dos de ellos de Zuera y Daroca. Coincidiendo con esto, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha pedido que la Ley del Indulto se adapte al contexto actual y no se aplique a casos de corrupción para evadir la entrada en prisión.
El recluso F.G.G., cuya salida ha amparado la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y del Santo Sepulcro de Zaragoza, se encuentra próximo a culminar su condena y ya está trabajando. El Hermano Mayor de la Cofradía, José Manuel Etayo, ha firmado esta mañana, junto al Justicia, los papeles necesarios para llevar a término el indulto. Etayo ha señalado la “satisfacción” de todos los cofrades que la componen por “poder dar una segunda oportunidad a las personas”, cumpliendo así con el principio de la reinserción social. Además, el preso se incorporará a la procesión del Jueves Santo como un cofrade más.
Dolado ha señalado el trabajo incansable que realizan, no solo en Semana Santa, sino durante todo el año. Una labor que debe ser “conocida y reconocida, ante una sociedad con los ojos vendados”, ha apostillado. En su discurso también ha hecho alusión a su deseo de que Teruel consiga el indulto para alguno de sus presos en los próximos años.
Nueva ley del indulto
El Justicia ha reclamado, asimismo, la necesidad de que se produzcan modificaciones en la ley “que la ajusten al siglo XXI”, puesto que data del XIX. Una “reforma integral” que llevan reclamando los colectivos de jueces largo tiempo.
Dolado ha explicado que el indulto es necesario “para cubrir los rigores que, en ocasiones, tiene el Código Penal, que no adapta la pena al hecho cometido e incluso a la personalidad del delincuente”. No obstante, precisa de una revisión del catálogo de delitos que pueden o no ser objeto de indulto e incorporar “exclusiones tajantes” en las que no debería concederse. Y explica: “Hemos pedido desde hace tiempo no proceder a la suspensión de la condena y a la entrada en prisión en el supuesto de corrupción mientras se tramita el indulto”.
Esta herramienta se ha visto “manchada” en los últimos años, ha indicado, y nunca debería usarse para “conseguir una salida fácil” a aquellas personas que incurren en casos de corrupción vinculados a la Administración y los Servicios Públicos. Más de 200 indultos de esta índole se han acometido, ha puntualizado, en los últimos años.
