El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha entregado este miércoles el Informe sobre Menores del año 2018 a la presidenta de la Cortes de Aragón, Violeta Barba. En este informe, que recoge 59 expedientes incoados de la más diversa naturaleza, destaca la que probablemente sea la realidad que más ruido mediático ha generado durante el año pasado, la situación de los menas –menores extranjeros no acompañados- que en Aragón han pasado de ser 45 en 2017 a más de 300 en el año 2018.
“Hay menas perfectamente integrados que en cuanto cumplen 18 años no pueden firmar un contrato de trabajo”, ha denunciado Dolado, que ha exigido modificaciones en la Ley de Extranjería para facilitar la vida de estos jóvenes. El Justicia, además, ha señalado que es necesaria una acción política conjunta entre el Gobierno Central y las instituciones autonómicas y municipales para aunar esfuerzos y dotar de más fondos para su integración –“hay 50 millones que no se sabe dónde se han ido”, ha señalado-.
Con respecto a la actitud de las instituciones aragonesas, Dolado ha señalado que han mostrado un “compromiso pleno” pese a los incidentes en determinados localidades. Además, respecto a las quejas de determinadas comunidades de vecinos sobre la instalación de pisos tutelados en sus comunidades, ha pedido “distinguir el ruido de la paja y que no se mezclen cosas” y ha lamentado las muestras sociales de rechazo hacia la acogida de estos menores.
Especial énfasis en las ciudades amigas de la infancia
Dolado, que ha presentado estas conclusiones acompañado del asesor de menores de la Institución, Andrés Esteban, ha destacado el trabajo de las 26 comarcas y 6 ayuntamientos que poseen el título “Ciudad Amiga de la Infancia”, otorgado por Unicef.
Con respecto a la naturaleza de los expedientes incoados en este año, hay temas que se repiten con respecto a otros años: problemas relacionados con procesos de divorcios, asuntos derivados con respecto a situaciones de violencia de género o incumplimientos del régimen de visitas.
El Justicia, además, ha señalado dos cuestiones respecto a los puntos de encuentro familiar. Por una parte ha hecho un llamamiento a una “mayor sensibilidad” a las comunidades de vecinos que han tratado de dejar sin efecto estos puntos y también ha pedido a las instituciones “más medidas de seguridad, visibles o no” en estos centros.
Más competencias para proteger a los menores
Dolado, además, ha lamentado que no se haya podido llevar al Pleno de las Cortes de Aragón la Ley de Infancia y Adolescencia a tiempo en esta legislatura. El Justicia espera que las Cortes que se constituyan tras las elecciones autonómicas aprueben esta ley, que dotaría de más competencias legales al Justicia de Aragón para defender a los menores.
