La CAVA pide a Europa que inste al Gobierno central y DGA a ejecutar infraestructuras de depuración

Desde la CAVA creen que las mejoras son necesarias
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La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA) se ha dirigido al Parlamento Europeo para que requiera con carácter urgente al Gobierno español y al de Aragón “la pronta ejecución de las necesarias infraestructuras de depuración de aguas residuales”. Creen que las mejoras son necesarias, “máxime cuando los ciudadanos aragoneses, vía diversas figuras impositivas, pagan anualmente las correspondientes cantidades para tal fin”.

La CAVA justifica su demanda por la situación de “clara vulneración de las Directivas europeas en materia de aguas”, y porque la falta de depuración está provocando daños ambientales e incluso episodios de enfermedades en personas por contaminación de bacterias (Ecoli) en turistas y practicantes de deportes acuáticos en las cabeceras de ríos pirenaicos”. Esta situación está provocando “reiteradas sanciones administrativas que tienen que abonar los ayuntamientos que carecen de dichas infraestructuras”, según explica la Confederación, “pese a que tenían que estar ejecutadas por el Gobierno de Aragón y en servicio hace ya al menos cuatro años”.

En este sentido, la CAVA señala en su argumentación los diferentes convenios y la legislación vigente que han sido y siguen siendo incumplidos (ver documento adjunto), en particular desde el Convenio de Colaboración Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, de fecha 2 de octubre de 2007, para la cooperación, coordinación y colaboración en actividades en materia de medio ambiente, entre las cuales están las obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Confederación advierte de que este convenio ha prescrito hace más de un año (tras el otorgamiento de sucesivas e injustificadas prórrogas), “sin que las obras previstas y las depuradoras se hayan ejecutado por el Gobierno de Aragón, pese a que el Gobierno de España lo dotara con la cantidad de 169 millones de euros, cantidad en su mayor parte abonada a la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Además, la CAVA critica al Ejecutivo aragonés, que “recibe la recaudación íntegra del Impuesto de Contaminación de las Aguas de Aragón (ICA)”, sin contar los núcleos pirenaicos “con las correspondientes infraestructuras de depuración de aguas residuales”. Un hecho que hace que estos municipios soporten el pago de reiteradas sanciones y multas del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) por la falta de tratamiento adecuado de sus vertidos de aguas residuales.

La CAVA estima, en suma, “muy grave la situación descrita en orden al cumplimiento de las obligaciones de las Directivas europeas de aplicación”, motivo por el cual formula la Petición al Parlamento europeo como entidad supravecinal de Aragón, “velando por el interés general de los habitantes de dicho territorio, incluyendo la calidad integral de las aguas, y en especial de las zonas sensibles medioambientalmente”.