Hasta 600 millones de euros a repartir entre todo el territorio nacional para mejorar la financiación de la Ley de la Dependencia. Es el anuncio que ha realizado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la reunión por videoconferencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia. A la espera de saber exactamente cómo se realiza este reparto entre todas las comunidades y qué cantidad le corresponde a Aragón, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha valorado “positivamente” el anuncio del Ministerio.
“Sobre la aplicación de la ley de la dependencia hay que reflexionar, pero esta reflexión siempre pasa por la financiación, por tanto nos parece muy positivo que se plantee una mejora del nivel, que en este caso supone 600 millones de euros en el presupuesto de atención a la dependencia, porque hablar de dependencia supone hablar de mejor financiación”, ha destacado.
La consejera ha recordado también que esta “es una reivindicación que el Gobierno de Aragón ha hecho siempre al Gobierno de España, por lo que este incremento es positivo para mejorar la atención a las personas mayores, a las personas dependientes y a las personas que no tienen autonomía personal”. Esta cantidad que se propone para los próximos Presupuestos Generales del Estado tiene tres objetivos principales: mejorar prestaciones y servicios, mejora y simplificar la gestión del Servicio de Atención a la Dependencia y aumentar significativamente su financiación.
En 2019, en Aragón, se destinaron 232,4 millones a la dependencia, frente a los 181,4 de 2014, lo que implica una diferencia de 51 millones. Mientras, el Estado ha pasado de aportar a ese presupuesto 28,5 millones a 39, lo que supone un incremento de un 22,5%. Si nos detenemos en los datos de 2019, la asignación del Estado supone un 16% de todo lo que Aragón invierte en la dependencia, frente al 50% que, según la ley, debería financiar. En la Comunidad, más de 33.000 personas reciben esta prestación.
Diez medidas
El plan, que en el contexto de la reunión ha desglosado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, incluye diez medidas principales a desarrollar: establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales; incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio; mejorar las prestaciones económicas, estableciendo cuantías mínimas, incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación o ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios son algunas de ellas.
El conjunto de medidas se completa con los objetivos de extender la escala de valoración específica desde el 3 hasta los 6 años; agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema+; incrementar el nivel mínimo de financiación; recuperar el nivel acordado de financiación y orientarlo a la consecución de determinadas medidas estratégicas de refuerzo del Servicio de Atención a la Dependencia; analizar y revisar el actual modelo de copago y reconocer la aportación de las entidades locales y reconsiderar su papel en la atención a la dependencia.
Tras este primer encuentro en el consejo interterritorial, el plan va ser debatido con las Comunidades Autónomas para ser aprobado con el máximo consenso posible en Consejo de Ministros.
