El dictamen de la Comisión Especial de Estudio para la mejora de las residencias ha demostrado el consenso alcanzado por las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento aragonés. “Las Cortes han logrado convertir un problema muy grave como el coronavirus y su gestión en un debate para la reflexión y mejora”, ha expresado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto. La responsable del ramo ha abierto la puerta además a modificar el Decreto Ley 111 para mejorar la retribución y las condiciones sociolaborales de los trabajadores en residencias.
Tras más de siete meses de trabajo y un total de 20 sesiones para analizar la situación de los centros de mayores, Broto ha querido mostrar su agradecimiento a los 36 comparecientes, que han dado una “gran lección” en el Parlamento autonómico. En este sentido, ha dejado claro que el Gobierno aragonés nunca ha mirado hacia otro lado y siempre ha tomado las medidas que consideraba necesarias para dar respuesta a los centros residenciales.
La consejera ha reconocido que Aragón es un territorio sobreenvejecido, tratándose de la segunda Comunidad con más personas mayores de 80 años. Por este motivo, ha matizado que los cuidados tienen que ser de proximidad, intentando que “este colectivo pueda contar con servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio”. “El 48% de las personas de grado de dependencia 3 en Aragón se encuentran actualmente en centros residenciales”, ha recordado.
Incremento de plazas residenciales
Por otro lado, y a pesar de que la Comunidad es la tercera a escala nacional con más plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, Broto insiste en la necesidad de incrementarlas. En el último Consejo Interterritorial se aprobaron ayudas por valor de 23 millones de euros para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales tres millones irán destinados a subvenciones para la mejora de centros residenciales municipales y otros tres a subvenciones para residencias concertadas dependientes de la DGA.
La necesidad de mejorar las ratios del personal de las residencias es uno de los temas sobre los que la consejera pone el foco, lo que implica además la financiación de la dependencia, que debería ser del 50%, “aunque a día de hoy apenas llega al 15%”. Durante este 2021, Aragón recibirá 19,3 millones de euros del Ejecutivo central para intentar poner solución a este problema incrementando la cuantía.
Además, ha resaltado la coordinación con el departamento de Sanidad durante toda la pandemia. En otro sentido, ha adelantado que próximamente se convocará una comisión para analizar las medidas y temporalizarlas con el objetivo de aliviar la situación de las residencias. “Todos tenemos una clara muestra de compromiso, madurez y apuesta de futuro. Comenzaremos de forma rápida con el análisis del dictamen para dar cuenta de las conclusiones a los diferentes agentes sociales”, ha concluido.