La principal dificultad radica en la cronificación, entendida como la complejidad progresiva para salir de los programas de vivienda hacia un alquiler libre

Desde la crisis de 2008, la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden que se ha agravado todavía más a causa del coronavirus. Precisamente a raíz de la pandemia, el Justicia de Aragón ha elaborado durante este último año el Informe Especial sobre Vivienda Social, del que se deriva la “necesidad de aumentar el parque de vivienda social existente”. La principal dificultad radica en la cronificación, entendida como la complejidad progresiva para salir de los programas de vivienda hacia un alquiler libre. En lo relativo a las más de 800 que a día de hoy pertenecen a la DGA, se estima que haría falta, “como mínimo”, duplicar esa cifra para poder atender las demandas actuales.

«El parque de vivienda social es escaso para las necesidades planteadas en estos momentos», ha manifestado el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández. A su juicio, para poder duplicar los recursos, existen dos caminos. O bien que los particulares aporten vivienda privada, o bien que exista la posibilidad de vivienda pública para todos los ciudadanos.

Entre las conclusiones recogidas en el propio informe, el Justicia solicita la implantación de una base de datos que reúna el conjunto de viviendas sociales existentes en la Comunidad, tanto de titularidad pública como privada, para ser utilizada por los diferentes servicios sociales o entidades implicadas en proyectos de integración de personas o familias vulnerables. También reclama “homogeneidad” en los sistemas de acceso a los recursos existentes en la materia para evitar situaciones discriminatorias, así como la necesidad de instrumentos que permitan la transición desde los recursos en materia de vivienda social al mercado libre de vivienda a la que debería llegarse tras la finalización del proceso de integración.

Asimismo, exige más medios en el medio rural, ya que existen viviendas de titularidad pública utilizada para asentar población en muchos casos. Esto conlleva al éxodo de unidades familiares con problemas de vulnerabilidad habitacional hacia entornos urbanos en lo que sí existen dichos recursos. “Hay un rechazo frontal a la implementación de recursos bajo criterios de problemas de convivencias”, ha expuesto Hernández. Otra de las conclusiones va en la línea de que la iniciativa pública actúe en el mercado inmobiliario privado para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Total de viviendas

Actualmente hay un total de 3.361 viviendas sociales de alquiler en Aragón, de las cuales 2.365 pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza (entre alquiler social y asequible), 807 a la DGA, 64 al Consistorio de Calatayud, 61 al Ayuntamiento de Huesca, 46 a las comarcas y 18 a Teruel. Cabe reflejar también las entidades sociales colaboradoras, tales como Kairós, YMCA, Fundación Federico Ozanam, la parroquia del Carmen, Cáritas y la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. Estas entidades han notificado un cambio de perfiles en los últimos años, además de la limitación de recursos habitacionales y la importancia de la labor de intervención social.

Propuestas y recomendaciones 

Por otro lado, el informe cosecha una serie de propuestas y recomendaciones, como que la futura redacción de la Ley de Vivienda de Aragón recoja de forma clara y precisa la determinación conceptual de la vivienda social y perfil de los ciudadanos a los que va dirigido este recurso social, así como sus condiciones vitales. Se hace hincapié también en regular los requisitos de acceso al parque de vivienda social, en elaborar una base de datos que reúna la totalidad de viviendas sociales existentes en Aragón y en revisar la normativa que regula la Bolsa de Vivienda Social, dando mayor participación a las entidades sociales del sector.

Además, se propone estudiar la creación de un sistema que distinga las viviendas de alquiler social existentes en la bolsa de aquellas que puedan tener una adjudicación al margen del convenio. El Justicia apuesta por establecer una mesa permanente de trabajo sobre la vivienda social entre administraciones competentes y entidades del sector bajo el liderazgo de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón. Por último, aboga por realizar campañas de sensibilización para que los propietarios cedan sus viviendas vacías para proyectos de alquiler social, sobre todo en espacios rurales.

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