La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha garantizado este viernes en el Pleno de las Cortes que la polémica compra de material de protección llegó correctamente al Aeropuerto de Zaragoza y conforme a la ley vigente en abril de 2020. Así ha respondido a las denuncias de “escándalo” del PP, que les acusa de entregar mascarillas a hospitales y residencias sin la autorización correspondiente.
En este sentido, la responsable del ramo ha confirmado que llegó el pedido de 70.000 mascarillas quirúrgicas, 7.000 FFP2 y un millón de guantes. Sin embargo, y tras recibir sospechas sobre su calidad, se realizaron test de la mano de un organismo externo que no superaron las FFP2. “Las mascarillas quirúrgicas respondían a la certificación y cumplían requisitos. Las FFP2, si bien podían ser utilizadas como higiénicas, no fueron distribuidas. Somos personas serias. No fueron distribuidas”, ha asegurado Broto.
Por este motivo, iniciaron reclamaciones al proveedor, que había introducido hasta 10.000 mascarillas FFP2 adicionales y que, junto con los pagos del transporte, añadían una deuda de 16.000 euros, a lo que el Ejecutivo se negó a pagar. Además, la exigencia de una factura electrónica, que no aceptó el proveedor, también retrasó la elaboración del acta de recepción. “¿Se puede afirmar que no se terminó de completar el expediente por la ausencia de la factura electrónica? Sí. ¿Es exigible la factura electrónica con la vigencia del Real Decreto? Creo que no. Existe el manifiesto de aduana, factura de agente, transitario que transportó el material. Pudo haber un problema administrativo en la documentación de factura, pero no de pago en blanco o producto no entregado, porque está acreditada la entrega”, ha señalado.
Ante esta cuestión, la diputada del PP Carmen Susín ha calificado esta compra de “chapuza administrativa” con “irregularidades” que “han intentado tapar”. “El sábado estuve atenta a la rueda de prensa y pedían un acto de fe. Debemos creernos que el material llegó. Tenemos que creernos que alguien dio por buena una entrega sin documento de recepción”, ha remarcado la portavoz popular.
Asimismo, desde el PP han pedido detalles sobre el destino de esas mascarillas que no cumplieron con los requisitos, asegurando que acabaron en el Hospital de Teruel y en la residencia de Albarracín, pese a que la consejera ha insistido en que no se entregaron. “Fue una imprudencia entregar un material que no protegía contra el Covid a quien luchaba día a día. Alguien deberá asumir responsabilidades”, ha afirmado Susín, que también ha preguntado sobre quién tomó la decisión final de aceptar esta compra, y si el presidente, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tenían conocimiento sobre ello.
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