El modelo policial para asegurar la seguridad en los pueblos está “obsoleto” y urge tanto incorporar nuevos agentes como una redistribución más idónea de los ya existentes. Además, hay serios obstáculos para formalizar denuncias y los núcleos rurales cuentan con una tasa delictiva mayor que las capitales de provincia. Son algunas de las conclusiones que arroja el último informe del Justicia de Aragón sobre Seguridad en el Ámbito Rural, presentado este miércoles, en el que la institución alerta de la necesidad de introducir cambios adaptados a las características del Aragón despoblado.
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De su elaboración se han encargado David Acín y el Intendente de la Policía Local de Ejea, Óscar Antonio Muñoz Tabernero. Entre sus conclusiones, el texto señala la “atomización” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en torno a Zaragoza capital, lo que provoca que el resto de zonas estén desatendidas. Los pueblos, además, son una plaza poco atractiva para los policías locales debido a las diferencias salariales con la ciudad.
A modo de conclusiones, el informe pide también elaborar más estudios sobre criminalidad en el medio rural, instalar cámaras de videovigilancia como medida disuasoria, aumentar el número de guardias civiles y reducir o reorganizar los puestos, e insistir en los equipos ROCA (contra el robo de material agrícola).
CUBRIR LAS PLAZAS
Otro de los puntos destacados consiste en agrupar a los Cuerpos de Policía de varios municipios en uno solo y promover la figura del Interino y las Comisiones de Servicio para atender demandas concretas, como pueden ser las fiestas patronales. De cara a garantizar la cobertura de plazas, valoran positivamente la idea de una convocatoria única. Es decir, que los ayuntamientos las oferten a la vez y un agente no pueda abandonar al poco tiempo su puesto en una localidad, dejándolo desierto hasta la siguiente, para lo que puede transcurrir hasta un año.
Asimismo, instan al Gobierno de Aragón a dotar de más presupuesto a la Dirección General de Interior y a Protección Civil. En este sentido, han hecho llegar el texto previamente al presidente de las Cortes, Javier Sada, y a la Delegación del Gobierno en Zaragoza.
CRIMINALIDAD
El balance de criminalidad expuesto por el Justicia revela que la tasa delictiva es mayor cuanto más pequeño es el municipio. Así pues, excluyendo las capitales de provincia, en 2020 superaron la media aragonesa un 17,33% de las poblaciones de la provincia de Huesca, por un 17,06% en Zaragoza y un 32,63% en Teruel. En 2021, los porcentajes se sitúan, respectivamente, en el 13,37%, 20,48% y la provincia zaragozana repite el 32,63%.
A lo largo de estos años, Tauste, Ejea de los Caballeros, la Almunia de Doña Godina, Ricla, Fraga o Alhama de Aragón son algunas de las localidades que presentan una mayor criminalidad. En las zonas menos pobladas, la mayoría de delitos se dan “contra el patrimonio y el orden socioeconómico”. Es decir, hurtos y robos (más del 60% de los casos) que normalmente sufren los agricultores y ganaderos.
Los años 2020 y 2021, el Aragón rural registró 11.089 y 13.020 denuncias, respectivamente. No obstante, desde el Justicia explican que no todos los casos se notifican y el número debería ser mayor. En este sentido, consideran que instrumentos como la cita previa puesta en marcha en Teruel acaban complicando el proceso, y en su lugar piden a los agentes desplazarse hasta el lugar para tramitar en el acto los requerimientos.
EFECTIVOS
En la actualidad, y de nuevo dejando fuera Huesca, Zaragoza y Teruel, en Aragón hay desplegados 67 policías nacionales en Calatayud y otros 65 en Jaca. Por parte de la Local, existen 32 cuerpos con 374 miembros, mientras que la Guardia Civil cuenta con tres comandancias, catorce compañías y 122 puestos, lo que se traduce en 3.258 efectivos. Respecto a los ROCA, contra los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, existen tres grupos en Huesca (nueve agentes), tres y 19 en Zaragoza y otros tres y ocho en Teruel.