Jucil denuncia un déficit de 1.000 agentes de la Guardia Civil en Aragón

El suceso se produjo el pasado 21 de marzo y, además del coche, el detenido había sustraído presuntamente material del Polígono de la localidad
photo_camera El suceso se produjo el pasado 21 de marzo y, además del coche, el detenido había sustraído presuntamente material del Polígono de la localidad

Un déficit de 1.000 agentes. Son los datos que estima la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) que serían necesarios “para atender los servicios que nos demanda la sociedad aragonesa”. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y el secretario de comunicación de la asociación, Agustín Leal, han desgranado algunas de las demandas que hacen al Ministerio del Interior. En el acto han estado acompañados por el presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé, con quienes firmaron un acuerdo de colaboración el pasado 10 de enero.

Vilariño ha denunciado la “precaria” situación de los funcionarios públicos en España. En el caso concreto de la Guardia Civil, el secretario general de Jucil ha subrayado que, en Aragón, existen “carencias de personal” y que el material de trabajo “es muy deficiente”, por lo que “se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, de sus derechos y de sus bienes, convirtiendo el medio rural aragonés en uno de los más inseguros del país”.

UN AGENTE CADA 18 KILÓMETROS CUADRADOS

Entre las demandas de la asociación destaca la exigencia de una mayor presencia de la Guardia Civil en el entorno rural, algo que refrendó hace unos días un informe del Justicia de Aragón. “Actualmente, el catálogo señala que los agentes previstos en Aragón son 2.534, es decir, un agente cada 18 kilómetros cuadrados. Por comparar, en el País Vasco hay un agente cada 3, en Cataluña cada 10 y, en Castilla y León, cada 13”, ha explicado Vilariño.

Una cantidad que, como matiza Jucil, “ni siquiera es real”, ya que, por diversas circunstancias, el número de efectivos real es de 1.971 guardias, con 563 vacantes (más de un 20% de las plazas). De esta forma, las cifras quedan alejadas de los 3.281 guardia civiles que “debería haber destinados en Aragón”. Todo ello repercute en un déficit en la calidad del servicio que los agentes prestan a los ciudadanos, con tiempos de reacción que llegan a ser de una hora.

Así, de los 2.534 agentes que hay previstos en Aragón, 1.021 pertenecen a Zaragoza (855 efectivos, 166 vacantes); 888 a Huesca (649 efectivos, 239 vacantes), y 625 a Teruel (467 efectivos, 158 vacantes).

ACABAR CON LOS "PUESTOS FANTASMA"

Por otro lado, desde Jucil critican que, de los 133 puestos que hay actualmente en Aragón, “muchos de ellos son puestos fantasma”, poniendo los ejemplos del cuartel de Quinto de Ebro o del de La Muela. En ese sentido, desde la asociación abogan por la creación de núcleos por comarcas o territorios con 30 o 40 agentes. “Entendemos que es antipopular que a un pueblo le quiten su puesto, pero creemos que esta unificación es mejor para poder dar un servicio real de 24 horas”, ha afirmado Vilariño.

Jucil y CSIF firmaron un acuerdo de colaboración el pasado 10 de enero

En cuanto a los medios materiales, desde Jucil reclaman el uso de las pistolas táser, “una solución intermedia entre la porra y el arma de fuego” que puede servir como elemento de “disuasión y reducción de actitudes violentas, evitando llegar al extremo de quitar una vida”, ha resaltado Agustín Leal. Además, desde Jucil también solicitan el uso de cámaras en los uniformes: “Servirían como prueba de una intervención, y también como defensa del ciudadano ante una posible mala praxis de un agente”.

OTRAS DEMANDAS

Tampoco se han querido olvidar de otras demandas, como la equiparación salarial de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional con los de las policías autonómicas, una jubilación digna o la recuperación del poder adquisitivo. En este sentido, Santafé, del CSIF Aragón, considera que “la situación laboral, social y profesional de la Guardia Civil no es propia de una sociedad democrática”. Asimismo, Santafé ha hecho referencia a los funcionarios de prisiones, a quienes cree que se debería considerar como “agentes de autoridad”.

Todas estas cuestiones hacen que, según ha remarcado Agustín Leal, “la Guardia Civil no pueda dar respuesta a los retos delincuenciales del siglo XXI”. “Es una situación que llevamos sufriendo con los distintos Ejecutivos de los últimos 30 años, no es algo solo del Gobierno de Sánchez. La seguridad debe quedar al margen de las ideologías”, ha sentenciado el secretario de comunicación de Jucil.

CASO MEDIADOR

Por último, en lo que respecta a la supuesta vinculación del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, con el caso Mediador, desde Jucil son prudentes y piden “que la justicia siga su curso”, pero que “si este señor ha obrado mal, aplaudiremos que caiga sobre él todo el peso de la justicia”.