Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, han detenido a L. C. C., de 47 años de edad, como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores, y a B.U.P.G. y A.C.F.M., de 29 y 31 años respectivamente, por infracción a la Ley de Extranjería.
El pasado 29 de octubre, como consecuencia de la labor de investigación y cooperación, se realizó una inspección conjunta en un local de Zaragoza, donde se tenían fundadas sospechas de encontrarse trabajando extranjeros en situación irregular desde el punto de vista administrativo y penal.
Diferentes indagaciones sobre el establecimiento determinaron que, de manera continuada y a diferentes horas del día, trabajaban entre tres y cuatro personas, cuando en realidad, consultado el régimen de altas en la Seguridad Social no constaba ningún trabajador registrado de alta.
En el momento de la inspección, se encontraban cuatro trabajadores realizando diversos servicios sin el correspondiente contrato de trabajo; dos eran el hijo de la dueña, en situación de estancia en España, y otra persona que acababa de solicitar asilo en España.
Los otros dos trabajadores, B.U.P.G. y A.C.F.M., realizaban diferentes labores y estaban en situación irregular, por lo que carecían del correspondiente permiso de residencia y trabajo.
La dueña del comercio, L.C.C., residente en España y con antecedentes policiales, fue advertida de sus derechos penales como presunta autora de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, además se enfrenta a una sanción por parte de la IPTS de más de 40.000 euros.
Cabe destacar que ya en noviembre de 2018, se realizó una inspección sobre el mismo negocio de Zaragoza en donde se encontraba trabajando un ciudadano extranjero sin autorización de residencia ni trabajo, hechos por los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanción por más de 10.000 euros.
Los tres detenidos fueron puestos en libertad, siendo advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad competente cuando fueran requeridos para ello.
El trabajo desarrollado por la Policía Nacional, se encuadra dentro del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre Coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de Lucha Contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social”, firmado el 30 de abril de 2013.
Con estas prácticas los empresarios logran un margen mayor de ganancias en la venta de productos o servicios, ya que se ahorran de modo ilegítimo costes en personal y seguridad social, con lo que pueden ofrecer precios más bajos, haciendo una competencia desleal a otros establecimientos que sí respetan los derechos de sus trabajadores y están al día en los pagos de las cuotas de la Seguridad Social.
