La Policía Nacional, en el marco de dos investigaciones paralelas, ha desmantelado la infraestructura de las principales web presuntamente dedicadas a la venta y distribución ilegal de medicamentos en España. Una red conformada por dos organizaciones que operaban desde Zaragoza y otras diez ciudades españolas, en las que han realizado un total de 17 registros. A raíz de las investigaciones, los agentes han detenido a 33 personas y han intervenido más de 70.000 comprimidos y geles de medicamentos contra la disfunción eréctil; diversas sustancias estupefacientes, como líquido GH, MDMA, cocaína y popper; cientos de artículos informáticos; y numerosas joyas de gran valor, entre otras cosas.
En concreto, los agentes han realizado un registro en la ciudad de Zaragoza, al igual que en Barcelona, Alicante, Castellón, Palma de Mallorca, Valladolid y Valencia. Sin embargo, en Murcia y Sevilla han llevado a cabo dos inspecciones y en Madrid tres. Las dos organizaciones desmanteladas operaban utilizando medios tecnológicos avanzados y obtenían grandes beneficios con escaso riesgo –superando los tres millones de euros-, blanqueando posteriormente las ganancias de diferentes formas, entre otras, comprando moneda virtual.
La investigación se inició en mayo del año pasado cuando los agentes detectaron las actividades de estos portales web para la venta de medicamentos en toda España, con el consiguiente riesgo para la salud. Si bien al principio su persecución resultó difícil, puesto que la mayor parte de las operaciones se realizaban contra reembolso, lo cual impedía la localización física de los investigados, tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron dos organizaciones criminales.
La primera de ellas estaba asentada en Murcia, Madrid y Alicante, mientras que la segunda, de origen inglés, operaba desde la Costa del Sol. Ambas se valían de expertos informáticos y utilizaban medios tecnológicos avanzados con la finalidad de, por un lado, favorecer la ejecución del delito y conseguir la impunidad de sus miembros, al tiempo que aumentaban el número de compradores.
Por otro, pretendían dificultar la investigación policial mediante la adopción de fuertes medidas de seguridad. En este sentido, hacían uso de aplicaciones de mensajería instantánea que contaban con métodos de encriptación y borrado de mensajes. Además, usaban conexiones VPN para dificultar su localización por IP, y alojaban sus páginas web de farmacias virtuales en servidores offshore, ubicados en países ajenos a la jurisdicción europea o estadounidense.
Por otra parte, la investigación ha acreditado los grandes beneficios que obtenían con escaso riesgo. Las ganancias adquiridas por la venta de medicamentos ilegales superan los tres millones de euros, ya que su compra supone apenas unos céntimos por comprimido en países del sudeste asiático, principalmente la India, y su venta unitaria es de alrededor 4.5 euros, pudiendo ser incluso superior dependiendo del producto, la cantidad o el lugar de venta. Además, se trata de una actividad castigada con penas muy inferiores al tráfico de estupefacientes, por lo que constituye una actividad muy atractiva para las organizaciones criminales.
Por último, blanqueaban los beneficios obtenidos de diferentes formas, entre ellas, comprando moneda virtual a través de empresas de cambio o trasladando dinero en efectivo fuera de nuestras fronteras. También disponían de cuentas bancarias en países como Chipre o Andorra, y operaban mediante transferencias bancarias con conceptos que trataban de enmascarar los beneficios ilícitos.
Otro método que utilizaban para blanquear el dinero consistía en comprar vehículos de alta gama en Alemania o reservar objetos de lujo que finalmente no adquirían, solicitando la devolución mediante transferencia con el pretexto de no residir en el país.
Una organización asentada en Murcia, Alicante y Madrid
Tras meses de pesquisas policiales, los investigadores identificaron una organización criminal asentada en las provincias de Murcia, Alicante y Madrid. Esta disponía de una infraestructura y logística, creada al efecto, dedicada a la importación, almacenamiento, venta ilícita a través de Internet y distribución de medicamentos ilegales para el tratamiento de la disfunción eréctil. Para ello, empleaba distintas empresas de paquetería que se encontraban en connivencia con la organización, obteniendo así grandes beneficios.
La investigación acreditó que se trataba de una organización perfectamente estructurada, formada por ciudadanos de distintos países, tales como España, India, Venezuela, Colombia, Reino Unido o China entre otros. Por un lado, los medicamentos tendrían su origen en la India, lugar desde donde eran importados por el líder de la organización. Después eran introducidos en España utilizando como países de tránsito Singapur y Reino Unido.
Otro importante miembro del entramado se encargaba del seguimiento online de los envíos para, una vez introducidos en nuestro país, gestionar con los repartidores de paquetería la entrega de los mismos aportando direcciones de destino y contacto ficticias. A continuación, entregaban los envíos a otra persona de la organización para su almacenaje y custodia en un garaje ubicado en la provincia de Murcia.
Este miembro remitía los pedidos de los clientes a través de las distintas páginas web que la organización gestionaba utilizando nombres de diferentes personas, todas ellas pertenecientes a la organización criminal, que accedían a figurar como remitentes a cambio de una contraprestación económica. El hecho de diversificar los envíos entre diferentes remitentes era una medida de seguridad para evitar que a una misma persona le constasen cantidades ingentes de pedidos cuyo posterior cobro podría levantar sospechas.
Los pedidos se gestionaban a través de tres páginas web administradas por un informático asentado en la localidad de Alfaz del Pi, en Alicante, y eran abonados por los compradores finales en la modalidad contra reembolso. Para blanquear los beneficios obtenidos, la organización utilizaba diversos métodos entre los que destaca la compra de moneda virtual.
Además, los investigados hacían uso de medios tecnológicos avanzados, de tal forma que las comunicaciones entre ellos, relativas a la venta ilegal de medicamentos o al blanqueo de los capitales, se producían a través de aplicaciones encriptadas o utilizando medidas de seguridad para enmascarar la IP de conexión.
