La ley del “solo sí es sí” podría rebajar la posible pena de una violación ocurrida hace tres años en Zaragoza. Tanto la Fiscalía como el abogado de la víctima piden para el acusado nueve años de prisión por retener a una mujer y obligarle a mantener relaciones sexuales con él con intimidación y violencia. La defensa adelanta que, de ser condenado, solicitará acogerse a la reducción de penas del nuevo tipo penal.
Los hechos ocurrieron la noche del 29 al 30 de diciembre de 2019 y se han juzgado este martes ante la Audiencia de Zaragoza. La víctima relata que, durante una noche de copas en un local, el acusado entabló conversación con ella y pasaron varias horas juntos. Posteriormente, ella accedió a ir a su domicilio, en el barrio de San José de la capital. Allí, la mujer le dijo que no quería tener sexo con él, y fue entonces cuando cambió su actitud, “se puso violento” y comenzaron a forcejear.
Una vez en el dormitorio, según el relato de la víctima, el hombre le quitó la ropa y le manoseó todo el cuerpo. “Si no estás quieta te voy a matar”, le amenazó el acusado para posteriormente prometerle que la dejaría marchar si le practicaba una felación, lo cual ella aceptó. Sin embargo, el hombre no consiguió eyacular y la mantuvo encerrada en el piso. Tras aprovechar un despiste del individuo para coger su teléfono y llamar, la mujer le comunicó que la Policía Nacional acudía al domicilio y fue entonces cuando pudo salir.
Durante el juicio, el hombre ha negado por completo los hechos y ha asegurado “que no conoce de nada” a la mujer. No obstante, en el reconocimiento médico la víctima presentaba heridas en brazos, piernas y muslos “características de las agresiones sexuales”, según certifican las peritos forenses encargadas.
PIDEN NUEVE AÑOS DE PRISIÓN
Por lo ocurrido, la fiscal y el letrado de la acusación solicitan una pena de nueve años según el Código Penal vigente en el momento de los hechos, sin la modificación introducida por la nueva ley del “solo sí es sí”. El letrado de defensa, por su parte, cree oportuna la libre absolución “por la falta de pruebas incriminatorias” o, en su defecto, una rebaja de la condena (hasta un mínimo de cuatro años) al amparo del nuevo texto aprobado el pasado mes de septiembre.
