La Guardia Civil investiga a una empresa transportista a raíz del desplome de un puente de hierro sobre el río Alcanadre ocurrido el pasado mes de octubre al paso de un camión de la compañía. De acuerdo con la investigación, la estructura se derribó porque la empresa no solicitó la autorización complementaria de circulación, y el vehículo tenía un exceso de peso muy superior al permitido.
El accidente ocurrió el día 3 de octubre, en el puente de la HU-883 (Sena-Valfarta) que salva el río Alcanadre, en el término municipal de Villanueva de Sijena. La infraestructura se desplomó cuando la atravesaba un transporte especial. A consecuencia del siniestro, el conductor resultó herido y los daños causados a la infraestructura con un valor superior a los 2 millones de euros.
LA EMPRESA NO SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN
Durante la investigación, los efectivos encargados del caso detectaron infracciones graves a la normativa de transportes y a la ley de seguridad vial. Concretamente, la circulación de este transporte especial por la carretera autonómica exigía la tramitación de una autorización complementaria de circulación, la cual no se había realizado. Así pues, explican, se impidió que el titular de la vía tuviese conocimiento y pudiese emitir el correspondiente informe sobre la viabilidad de su circulación por el puente que quedó desplomado.
Del mismo modo, esto impidió que los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico de la zona conocieran la circulación por el citado lugar, y por consiguiente pudiesen supervisarlo.
UN ACCIDENTE LABORAL
Debido a las características del siniestro, se catalogó como siniestro laboral de tráfico. Según las fuentes, se pudo observar en la investigación incumplimientos graves a la normativa de riesgos laborales; siendo responsabilidad del empresario, y en especial del Gestor de Transportes de la empresa, el evitar y prevenir este tipo de conductas, así como proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, tal y como señala la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Por todo lo anterior, se procedió a la investigación de la empresa transportista como presunto autor de los delitos de daños y contra la seguridad de los trabajadores, así como a la investigación del conductor del vehículo articulado por un presunto delito de daños. El día 8 de febrero, la Guardia Civil investigó a una tercera persona: el encargado de la empresa que dirigió los trabajos el día que tuvo lugar el siniestro, como presunto autor de los delitos de daños y contra la seguridad de los trabajadores.