En una de las zonas inspeccionadas alertaron a los trabajadores irregulares que salieron a la carrera

La Policía Nacional desmanteló el pasado mes de mayo un entramado criminal dedicado a la explotación de personal irregular en el campo en Sariñena, Mallén, Quinto y Pina de Ebro, con más de 40 afectados. Les obligaban a vivir en naves mal acondicionadas, con poco descanso, bajo salario e incluso a ser vacunados.

La primera de las inspecciones se llevó a cabo en la localidad de Quinto, donde fueron identificados una treintena de trabajadores, detectando que cinco de ellos portaban documentación de otras personas con la que les habrían dado de alta en la seguridad social.

Las investigaciones policiales, y las declaraciones de los detenidos en situación irregular, determinaron que había muchas más personas que se encontraban en las mismas circunstancias, cobrando cinco euros por hora trabajada, sin seguridad social, en viviendas que no reunían los mínimos de habitabilidad, y siendo el resto del beneficio para los capataces y para los verdaderos titulares de la documentación quienes cobraban por prestarla, y les generaba subvenciones por desempleo y otros derechos de los trabajadores.

EN SARIÑENA, QUINTO Y PINA DE EBRO

Durante el mes de mayo de este año se realizó un gran despliegue policial en los municipios de Sariñena, Quinto y Pina, identificando a más de 40 trabajadores de los que seis estaban utilizando la documentación de otras personas y corroborando así las sospechas de la Policía, si bien en una de las zonas inspeccionadas alertaron a los trabajadores irregulares que salieron a la carrera logrando esconderse para evitar ser identificados.

Como colofón se detuvo a los dos capataces que manejaban las contrataciones y a un empresario de reconocido prestigio propietario de la empresa investigada. Los extranjeros titulares de los permisos de residencia y trabajo, llamados facilitadores, se encuentran diseminados por la geografía española y sobre los que todavía no han sido detenidos consta una orden de búsqueda y detención.

Los encargados de la empresa vulneraban de forma flagrante los derechos laborales de los extranjeros en situación irregular, obligándoles a mal vivir en naves mal acondicionadas, a trabajar en condiciones por debajo de la normalidad laboral en cuanto a derechos, salarios, descansos, vacaciones, horarios y finiquitos e incluso siendo coaccionados a vacunarse y a trabajar para otros empresarios.

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