La Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación Plancat, ha detenido a catorce personas e investiga a otras quince por distintos delitos de estafa, usurpación de estado civil, revelación de secretos e incluso chantaje de carácter sexual, lo que se conoce como “sextorsión”, y blanqueo de capitales.
De los detenidos, once eran hombre y tres mujeres, mientras que entre los investigados eran doce y tres, respectivamente. Todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y 45 años, y que se habían desplazado a las localidades de Badalona, Barcelona, Girona, Hospitalet de Llobregat, Lérida, Raimat, Riudellots de la Selva, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Sant Pere de Ribes y Tárrega. Han quedado en libertad con la obligación de personarse ante el juzgado.
Hasta 16 personas de la provincia oscense se vieron afectadas e interpusieron denuncias tras perder entre 400 y 65.000 euros, siendo el importe total estafado de 110.000 euros. Según ha informado la Benemérita, los estafadores se hacían pasar por entidades bancarias enviando mensajes de texto a las víctimas e informando de supuestos movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias, un método conocido como “smishing”.
En estas comunicaciones, se facilitaba a los estafados un enlace donde pinchar y solucionar la incidencia, pero realmente estaban dando acceso a las mismas, y así podían robar dinero, o autorizar retiradas inmediatas en cajeros.
SEXTORSIÓN
Dado que no todas las personas llegaban a realizar los cambios de contraseña en el momento, recibían una llamada telefónica (conocido como “vishing”) en la que la entidad bancaria falsa les pedía un código para denegar esas transacciones. De nuevo, lo que ocurría era que les estaban dando acceso. Posteriormente, los perjudicados se daban cuenta de que en realidad se estaban produciendo transacciones de hasta miles de euros.
Después, continuaban con la sextorsión, tras recopilar información personal de los estafados accediendo a sus redes sociales. En distintas llamadas, tras ganarse su confianza les amenazaban con difundir fotografías de carácter íntimo si no les pagaban cantidades que, en algunos casos, ascendían a los 15.000 euros.
Asimismo, en otra de las estafas de esta operación se llegó a averiguar que algunos de los detenidos habían publicado falsos anuncios de alquileres de viviendas turísticas que no existían, suponiendo la pérdida de su dinero. En todos los casos, una vez conseguían el dinero, compraban criptomonedas o realizaban cambios a divisas extranjeras y lo reenviaban a cuentas bancarias de Melilla o Lituania, con el objetivo de dificultar su seguimiento.