Hasta 43 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en el marco de la Operación Oslo, contra empresarios que explotaban a inmigrantes en distintos pueblos de la ribera del Ebro, tanto de Zaragoza como de Navarra. Se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de migrantes, unos hechos que se habrían prolongado durante mucho tiempo, según los agentes.
La primera fase de la investigación duró cerca de nueve meses y se saldó con las primeras 27 detenciones. De acuerdo a la Policía, se trataba de miembros del “escalón superior e intermedio a la organización”, que recibían el nombre de “lugartenientes” por ser de confianza del principal investigado, el intermediario y principal proveedor de mano de obra y regular a un empresario agrícola de la zona, identificado a su vez como el líder de la trama criminal.
En esta fase, los policías pudieron determinar que se captaban extranjeros, principalmente de Senegal, y eran acogidos en viviendas “sin las mínimas condiciones higiénicas ni de habitabilidad”. Además, les imponían condiciones laborales abusivas, llegando a calificarlo la Policía de “semiesclavitud”. Así, les obligaban a trabajar en los campos durante los siete días de la semana en jornadas de nueve a diez horas, a siete euros cada una, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, hasta el punto de que si descansaban para comer, se les descontaba de su sueldo.
Una de las prácticas que el cabecilla de la trama imponía a los trabajadores era que, para poder trabajar en los campos, debían aportar la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y que autorizase a trabajar en España de un tercero, con el fin de poder identificarse como tal, ante una posible inspección en el campo de trabajo en el que se encontrasen, por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo o bien ante la inspección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
QUINCE EMPRESARIOS BENEFICIADOS
Fruto de las pesquisas, los agentes probaron la participación de hasta quince empresarios agrícolas, los cuales se prevalían de la mano de obra irregular aportada por el cabecilla de la organización para realizar labores en sus respectivas explotaciones. Se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja), interviniéndose abundante documentación para contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos de traslado de trabajadores y 6.000 euros en efectivo. Igualmente y, de manera simultánea, se llevaron a cabo inspecciones policiales en los campos de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza, junto con las respectivas inspecciones provinciales de trabajo.
Dos de los detenidos, principales responsables de la organización, de 37 y 53 años, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su titular el ingreso en prisión provisional para los dos.
SIGUE LA INVESTIGACIÓN
En esta segunda fase, los agentes detuvieron a otras diez personas, y entre ellos varios “lugartenientes” del principal investigado. Hasta este momento, se han localizado y tomado declaración a un total de cinco víctimas de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral de la organización criminal, conforme al Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (2011), que establece las bases de coordinación y actuación de las distintas instituciones implicadas y la propia Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito, a los cuales en virtud de la ley orgánica 1/2010, ofreciéndoles los recursos integrales disponibles en aras a salvaguardar su integridad y protección. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.