Era un secreto a voces pero debía pasar primero por el Consejo de Gobierno. La DGA elevará un requerimiento al Ministerio de Política Territorial reclamando la modificación de los criterios para que Teruel sea sede de la Agencia Espacial Española. Los actuales, han reiterado en las últimas apariciones públicas y este mismo miércoles, “no se ajustan al derecho y resultan perjudiciales para los intereses de la Comunidad”.
En especial, piden la eliminación de requisitos evaluables como la existencia “de una amplia red de acceso a medios de transporte, tanto aéreo como por carretera y trenes de alta velocidad”, así como las conexiones con los grandes aeropuertos europeos.
Ahondando en la normativa, el Gobierno de Aragón tiene claro que se vulnera “de forma flagrante gran parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede”. Y es que “lejos de corregir desequilibrios territoriales, los parámetros agravan dicho desequilibrio” y separan a las zonas “que han sufrido décadas de desinversión y olvido”.
Otra de las reclamaciones pasa por relegar “a un segundo plano candidaturas como la de Teruel, especialmente idóneas atendiendo a factores técnicos y de investigación. Por ello, ponen en valor a la capital turolense, “un incipiente polo de desarrollo en materia aeroespacial”.
Se alega también desde el Pignatelli “indefensión jurídica” por el desconocimiento de los criterios de valoración de los requisitos y el cómo se iba a llevar a cabo su análisis. Ahora, de acuerdo al procedimiento habitual que se sigue en estos casos, el Estado tiene un mes para responder. Durante estos 30 días, además, han solicitado la suspensión del plazo para la presentación de candidaturas.
“NO PODEMOS HACER DE CADA ANUNCIO UN LAMENTO PERMANENTE”
Conocer los criterios fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo. No obstante, la consejera de presidencia, Mayte Pérez, ha pedido enfocar el debate hacia las potencialidades y “causas objetivas” para que Teruel logre ser sede, en lugar de hablar de “factores exógenos”. De lo contrario, ha advertido, se puede causar “el efecto contrario al buscado”.
“No podemos hacer de cada anuncio un lamento permanente”, ha asegurado Pérez, porque Aragón se está “haciendo un flaco favor” al tratarlo de este modo. Una reflexión, ha dicho, que extiende a las tres provincias aragonesas y al resto de regiones de interior “para proteger su futuro”.
Preguntada sobre si se contempla ir más allá y llegar a los tribunales, se ha remitido por el momento a este requerimiento, que precisamente busca “intentar llegar a un acuerdo y que sean atendidas las demandas”. “Paso a paso”, ha resumido, tras anunciar que el Gobierno mueve ficha.
