Casi cuatro años, desde enero de 2019, han pasado desde la última visita de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a Andorra en la que vino a anunciar un convenio de Transición Justa y se marchó entre gritos y protestas de los vecinos. Dijo entonces que ese acuerdo se firmaría ese mismo semestre, pero no será hasta este próximo lunes 21 de noviembre cuando por fin vuelva a acudir a la localidad minera para detallar los planes del Gobierno central para la reindustrialización de la zona.
No en vano, este convenio ya ha sido aprobado por los gobiernos de España y Aragón y estará dotado con 92 millones de inversiones, a falta de la aprobación definitiva de Bruselas. De hecho, el Presupuesto de la Comunidad para 2023 ya incluye hasta 20 millones de euros para comenzar a aplicarlo, tal y como ha confirmado este jueves el presidente, Javier Lambán, que también se desplazará a Andorra para explicar los entresijos del convenio a los alcaldes de las cuencas mineras.
Este plan iba a ser el primero que se firmara en todo el país facilitar la transformación económica después del cierre de la Central Térmica de Andorra, y llega después de cuatro años de incertidumbre y promesas en torno a una transición que siempre han definido como “justa”. Por el momento, lo único claro es que Endesa, propietaria de la Térmica durante 40 años, fue la adjudicataria de los 1.200 megawatios que liberó su cierre, con los que pretende invertir hasta 1.200 millones de euros y crear unos 300 empleos directos, más de los que tenía la central a su cierre en junio de 2020.
No obstante, Lambán cifró en más de 900 los empleos que hay previstos crear en Andorra procedentes de cinco proyectos empresariales. Son 400 procedentes de Oxaquim, 100 de la minera ucraniana Vesco y 60 de Forestalia para el paletizado de biomasa, más otros 350 indirectos.